Brasil Aprueba Ley para Destinar Criptomonedas Incautadas a la Seguridad Pública

El Congreso de Brasil sancionó la Ley N° 15.358, un nuevo marco legal que autoriza a las agencias de seguridad pública a utilizar criptomonedas confiscadas en investigaciones criminales para financiar sus operaciones. La normativa, que trata los activos digitales como instrumentos del crimen, permite su incautación y uso provisional para reequipamiento, entrenamiento y operaciones especiales policiales, previa autorización judicial.

Los Pilares de la Nueva Ley 15.358

La ley, publicada este miércoles, establece las bases para que las autoridades brasileñas combatan el crimen organizado utilizando herramientas específicas para los activos digitales.

Definición Legal y Alcance de la Incautación

Un artículo clave de la ley define como “instrumento del crimen” a cualquier activo utilizado para cometer una infracción, incluso si ese no era su propósito exclusivo. Esta definición se aplica expresamente a los activos digitales, como las criptomonedas. El texto legal señala:

“Se considerará instrumento del crimen la cosa que se utilizó o se destinó a la comisión de un delito, aunque no haya sido empleada exclusivamente para ese fin”.

Destino de los Fondos Confiscados

Los bienes incautados, incluidas las criptomonedas, podrán tener un uso provisional específico. Según la ley, previa autorización del juez responsable de la ejecución de la sentencia, estos recursos podrán destinarse al “reequipamiento, entrenamiento y operaciones especiales de las agencias de seguridad pública”. Esto convierte a los activos digitales confiscados en una fuente directa de financiación para las fuerzas del orden.

Cooperación Internacional y Recuperación de Activos

Adicionalmente, la legislación faculta a las autoridades brasileñas para coordinar con sus homólogas internacionales en investigaciones y en los procesos de recuperación de activos. Esta cooperación se extiende a los casos que involucren criptomonedas, reconociendo la naturaleza transfronteriza de muchos de estos delitos financieros.

Contexto y Antecedentes Inmediatos

La aprobación de esta ley no se produce en un vacío, sino como respuesta a casos de gran envergadura y dentro de un panorama regulatorio más amplio.

La Operación Lusocoin y el Crimen Organizado Financiero (2025)

Un antecedente directo es la Operación Lusocoin, llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil en 2025. Esta investigación desarticuló una red criminal dedicada al lavado de dinero y la evasión cambiaria a gran escala. Según un informe de la firma de análisis blockchain TRM Labs, la red movilizó “decenas de miles de millones” de reales brasileños utilizando una compleja estructura de empresas pantalla, brokers OTC (fuera de bolsa) y billeteras de criptomonedas no custodias. Este caso evidenció la magnitud del uso ilícito de criptoactivos en el país.

Postura Fiscal en Pausa

En contraste con el avance en materia de seguridad, la política fiscal para el sector cripto parece estancarse. Reportes indican que el Ministro de Finanzas, Dario Durigan, planea postergar los debates sobre posibles cambios en la tributación de las criptomonedas. El objetivo sería evitar discusiones divisivas en el período previo a las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

Implicaciones y Panorama Regulatorio Más Amplio

La entrada en vigor de la Ley 15.358 tiene implicaciones significativas y se enmarca en un debate regulatorio más extenso.

Un “Fondo de Guerra” para la Seguridad Pública

El impacto potencial de esta ley es considerable, dado que Brasil es un país con más de 213 millones de habitantes y una adopción significativa de criptomonedas. Las criptomonedas incautadas en operaciones contra el crimen organizado dejarán de ser solo evidencia almacenada para convertirse en un recurso financiero directo para las agencias policiales.

Contraste con Otras Jurisdicciones

Este enfoque marca una diferencia con políticas adoptadas en otras partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, las criptomonedas incautadas por agencias federales en ciertos casos pueden ser vendidas y los fondos resultantes destinados a reservas nacionales de activos digitales. La ley brasileña, en cambio, establece un destino específico y directo: el gasto en seguridad pública.

La Propuesta Paralela: Una Reserva Nacional de Bitcoin

Paralelamente a esta ley, avanza en el Congreso una propuesta legislativa separada para crear una reserva nacional de Bitcoin. Esta iniciativa, inicialmente presentada en 2024 y revisada en agosto de 2025, fue reintroducida en febrero de 2026. La propuesta busca autorizar al Estado a adquirir hasta 1 millón de BTC y permitir que hasta el 5% del tesoro nacional se destine a esta reserva. Es crucial diferenciar ambas iniciativas: la Ley 15.358 regula el uso de criptomonedas incautadas del crimen, mientras que la propuesta en discusión autorizaría la compra directa de Bitcoin con fondos públicos.