Bufete estadounidense exige a Tether redistribuir $344 millones en USDt congelados de entidades iraníes
La moción busca compensar a víctimas de actos terroristas vinculados a Irán, pero genera controversia en la comunidad cripto, que acusa al bufete de tácticas predatorias.
El bufete Gerstein Harrow LLP presentó una moción judicial solicitando a Tether la entrega de más de $344 millones en USDt congelados vinculados a entidades iraníes. Los demandantes reclaman $532 millones en daños compensatorios y $1.800 millones en daños punitivos por actos de terrorismo patrocinados por Irán ocurridos en los últimos 25 años. La comunidad cripto ha criticado duramente la estrategia del bufete, calificándola de «depredadora» y señalando que retrasa la compensación a víctimas de hackeos informáticos.
La moción judicial contra Tether
La moción, presentada esta semana en un tribunal de Estados Unidos dentro de un caso de ejecución miscelánea, solicita que Tether entregue los $344 millones en USDt que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ordenó congelar en abril de 2026. Los activos estaban vinculados a entidades sancionadas de Irán.
Según los documentos judiciales, accesibles a través del sistema PACER (Public Access to Court Electronic Records), los demandantes buscan que esos fondos sean redistribuidos para cubrir parte de las indemnizaciones que reclaman por más de dos décadas de actos terroristas que atribuyen al gobierno iraní. Las cantidades reclamadas ascienden a $532 millones en daños compensatorios y $1.800 millones en daños punitivos.
El caso forma parte de un litigio más amplio contra Irán y Corea del Norte (RPDC) por su presunto patrocinio de actos terroristas. La moción contra Tether es el último movimiento de una serie de acciones judiciales emprendidas por el mismo bufete en el ecosistema cripto.
Antecedentes: la estrategia de Gerstein Harrow LLP
Historial de reclamaciones contra empresas cripto
Gerstein Harrow LLP ha presentado demandas similares tras diversos hackeos en el sector. Entre los casos más destacados se incluyen reclamaciones contra Harmony Protocol y Bybit. En mayo de 2026, el bufete presentó una notificación de retención contra Kelp DAO por $293 millones en ETH congelados, tras un exploit ocurrido en abril del mismo año.
Para sustentar sus reclamaciones, el bufete utiliza investigaciones de seguridad onchain realizadas por analistas independientes, como el conocido investigador ZachXBT.
Críticas de la comunidad cripto
La estrategia del bufete ha generado fuertes críticas en la comunidad cripto. El investigador ZachXBT calificó las acciones del bufete como «pura maldad» y «depredadoras» en publicaciones en X (antes Twitter). Según ZachXBT, el bufete «usa las investigaciones de hackeos para reclamar fondos para víctimas de casos no relacionados».
«Whenever there’s a new Lazarus Group victim after an exploit… these clowns come in and say they have a claim for an alleged DPRK victim from 26 years ago» («Cada vez que hay una nueva víctima del Grupo Lazarus después de un exploit… estos payasos aparecen y dicen que tienen un reclamo por una presunta víctima norcoreana de hace 26 años»).
La crítica principal es que estas reclamaciones retrasan la compensación a las víctimas reales de los hackeos, quienes tienen un derecho más directo sobre los fondos congelados.
Implicaciones éticas y legales
El papel de Tether y los congelamientos de wallets
La orden de la OFAC de abril de 2026 para congelar los $344 millones en USDt generó reacciones divididas en la industria. Por un lado, algunos defienden la medida como parte del cumplimiento normativo de Estados Unidos. Por otro, sectores de la comunidad cripto cuestionan la ética de los congelamientos de wallets y el rol de los emisores centralizados de criptoactivos, como Tether, en la ejecución de órdenes gubernamentales.
El debate se centra en si las empresas emisoras de stablecoins deben actuar como agentes de cumplimiento normativo de Estados Unidos y hasta qué punto pueden negarse a cumplir con solicitudes de congelamiento.
Victimología en conflicto
El caso enfrenta a dos grupos de víctimas que compiten por los mismos fondos congelados:
- Víctimas de actos terroristas patrocinados por Irán, cuyas reclamaciones se remontan a décadas atrás y que alegan haber sufrido daños por valor de miles de millones de dólares.
- Víctimas de hackeos recientes, como el exploit de Kelp DAO, que perdieron sus criptoactivos en incidentes ocurridos en 2026.
Críticos como ZachXBT argumentan que los fondos deberían priorizar a las víctimas más recientes y directamente relacionadas con el origen de los activos, en lugar de ser redistribuidos a reclamantes de casos no vinculados.
Contexto regulatorio más amplio
El caso refleja la creciente intervención de gobiernos en el ecosistema de activos digitales y el papel de la OFAC en la aplicación de sanciones internacionales. Tether, como emisor de la stablecoin USDt, se encuentra en el centro del debate sobre si las empresas de criptoactivos deben actuar como ejecutoras de órdenes gubernamentales de congelamiento.
La stablecoin USDt, emitida por Tether, es la más utilizada del mundo y opera en múltiples blockchains. La OFAC es la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas contra países y entidades sancionadas, como Irán y Corea del Norte. El Grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte, es conocido por perpetrar robos de criptoactivos a gran escala, como el exploit de Bybit y otros ataques recientes.
Datos clave del caso
- $344 millones en USDt congelados por orden de OFAC (abril de 2026).
- $293 millones en ETH congelados en Kelp DAO (abril de 2026).
- $532 millones en daños compensatorios reclamados.
- $1.800 millones en daños punitivos reclamados.
- Más de 25 años de reclamaciones por actos terroristas atribuidos a Irán.
La moción presentada por Gerstein Harrow LLP contra Tether es el capítulo más reciente de una batalla legal que enfrenta a víctimas de terrorismo con víctimas de hackeos cripto, mientras la comunidad observa con recelo las tácticas del bufete y el creciente poder de los reguladores estadounidenses sobre los activos digitales.
