Código no es delito: el DOJ de EE.UU. cambia su enfoque y deja de perseguir a desarrolladores blockchain

El fiscal general interino Todd Blanche anuncia un giro en la política de aplicación de la ley, priorizando a los usuarios que cometen delitos financieros en lugar de a los creadores de software.

Las Vegas — El Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos han modificado su estrategia de aplicación de la ley contra el ecosistema blockchain, dejando de apuntar a desarrolladores de software por actividades ilegales cometidas por terceros usuarios de sus plataformas.

El anuncio fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche durante una conferencia sobre Bitcoin celebrada el lunes en Las Vegas, acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y el director legal de Coinbase, Paul Grewal. «Hemos cambiado fundamentalmente el juego cuando se trata de nuestras investigaciones», declaró Blanche ante la audiencia.

«El código no es un delito»: la nueva doctrina del DOJ

Blanche estableció un principio claro que regirá las investigaciones futuras: los desarrolladores de software blockchain no serán considerados responsables por el mal uso que terceros hagan de sus creaciones, a menos que exista evidencia de complicidad directa.

«El principio básico es que si estás desarrollando software, si eres un programador, si eres parte de ese proceso y no eres el usuario de terceros, y no estás ayudando ni sabiendo que el tercero está usando lo que desarrollaste para cometer delitos, no vas a ser investigado ni acusado», afirmó Blanche.

La declaración marca un giro significativo en la política de enforcement del gobierno estadounidense bajo la administración Trump, que hasta ahora había mantenido una postura más agresiva contra los creadores de herramientas blockchain.

El caso Tornado Cash: el precedente que cambió las reglas

El anuncio de Blanche cobra especial relevancia a la luz del caso de Tornado Cash, un protocolo de privacidad para transacciones de criptomonedas que se convirtió en el epicentro de la controversia entre desarrolladores y reguladores.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Tornado Cash en agosto de 2022, alegando que la plataforma había sido utilizada por hackers norcoreanos para lavar fondos robados. Estas sanciones fueron levantadas finalmente en noviembre de 2024.

Sin embargo, el daño legal ya estaba en marcha. En agosto de 2023, el DOJ presentó cargos penales contra los desarrolladores Roman Storm y Roman Semenov. Storm fue condenado en agosto de 2025, mientras que Semenov permanece prófugo. El desarrollador ha negado consistentemente haber cometido algún delito, argumentando que su software era una herramienta legítima de privacidad.

Reacciones cautelosas de la comunidad cripto

El cambio de política ha sido recibido con optimismo pero también con escepticismo por parte de la comunidad blockchain. Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de Coin Center, un think tank especializado en políticas de criptomonedas, calificó el anuncio como «un mejor mensaje del que los desarrolladores han escuchado del DOJ en los últimos años».

No obstante, Van Valkenburgh expresó dudas sobre la implementación concreta de la nueva política. «La verdadera pregunta es dónde traza el DOJ la línea entre publicar software no custodiado y ‘ayudar’ o ‘saber’ sobre un mal usuario», señaló.

Las dudas se intensifican a la luz del caso de Michael Lewellen, un desarrollador que demandó al DOJ buscando claridad legal sobre si publicar su herramienta de crowdfunding basada en Ethereum constituía transmisión de dinero. El tribunal de Texas desestimó el caso a finales de marzo de 2026, argumentando que Lewellen no logró demostrar una amenaza creíble de aplicación de la ley.

Van Valkenburgh destacó la contradicción entre el discurso público del DOJ y su postura en los tribunales: «Si la ley es tan clara, ¿por qué los desarrolladores duermen con un ojo abierto? Si la ley es tan clara, ¿por qué luchar para que se desestime el caso?».

El memo de abril de 2025: el origen del cambio

El nuevo enfoque no surgió de la noche a la mañana. En abril de 2025, Blanche publicó un memorando interno que establecía los principios que guiarían la aplicación de la ley en materia blockchain. El documento, según explicó el propio fiscal general, busca «poner fin a la regulación mediante el procesamiento».

Los principios fundamentales del memo establecen que los desarrolladores no serán objeto de investigaciones por las acciones de los usuarios de sus plataformas, ni tampoco por violaciones regulatorias no intencionadas.

«No quiero que ninguna plataforma vea al Departamento de Justicia o al FBI como alguien que solo va a causarles muchos problemas», declaró Blanche durante la conferencia.

Implicaciones para el ecosistema blockchain

El cambio de política del DOJ representa un alivio para la industria blockchain, que había visto con preocupación cómo las acciones judiciales contra desarrolladores podían tener un efecto paralizante en la innovación tecnológica.

La clarificación de que el desarrollo de software no custodiado no constituye por sí mismo un delito podría fomentar la creación de nuevas herramientas y aplicaciones dentro del ecosistema cripto en Estados Unidos, un país que tradicionalmente ha liderado la innovación en este sector.

Sin embargo, el verdadero impacto del cambio dependerá de cómo se aplique en la práctica. La comunidad seguirá de cerca los próximos casos que enfrente el DOJ para determinar si las declaraciones de Blanche se traducen en acciones concretas o si persiste la incertidumbre legal que ha caracterizado al sector en los últimos años.

Por ahora, el mensaje desde Las Vegas es claro: bajo la nueva administración, el código no es delito.