Colombia implementa reporte fiscal obligatorio para exchanges de criptomonedas con la Resolución 000240
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia ha establecido un nuevo régimen de reporte obligatorio para los proveedores de servicios con criptoactivos mediante la Resolución 000240, emitida el 24 de diciembre. La norma, que entra en vigor de inmediato, obliga a exchanges y custodios a recopilar y reportar datos de identificación y transacciones de sus usuarios, alineándose con el estándar global CARF de la OCDE. Este movimiento busca fortalecer la supervisión fiscal del sector y facilitar el intercambio automático de información con autoridades tributarias de otros países.
Detalles de la Resolución 000240 de la DIAN
La Resolución 000240 introduce modificaciones a la normativa tributaria colombiana, enfocándose específicamente en los “Proveedores de Servicios de Criptoactivos”. Este término engloba a las casas de cambio o exchanges, plataformas de trading, servicios de custodia y otros intermediarios que operan con activos digitales. La obligación de reporte recae directamente sobre estas entidades, no sobre los usuarios individuales finales.
Según la resolución, estos proveedores están obligados a recopilar y reportar información de identificación de sus usuarios considerados “reportables”, así como datos detallados de sus transacciones con criptoactivos. El objetivo final de esta recolección es permitir el intercambio automático de dicha información con las autoridades fiscales de otros países.
La norma también establece requisitos específicos de debida diligencia que los proveedores deben aplicar, métodos de valoración de los criptoactivos a su valor justo de mercado y prevé sanciones para aquellas plataformas que no cumplan con las nuevas obligaciones. Con su publicación, la resolución entra en vigencia inmediata, lo que obliga a las empresas afectadas a actualizar sus sistemas de cumplimiento y reporte para prepararse para los primeros ciclos de información.
El Contexto Internacional: El Marco CARF de la OCDE
La medida colombiana se enmarca en la adopción del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), un estándar global desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El propósito del CARF es establecer reglas comunes para que los proveedores de servicios de criptoactivos recojan y reporten automáticamente información a las autoridades fiscales, facilitando así la transparencia a nivel internacional.
La cronología global de implementación de este marco prevé que los primeros reportes bajo el CARF comiencen en 2026, con el primer intercambio automático de información entre jurisdicciones pactado para 2027. De acuerdo con una actualización de la OCDE de noviembre, 48 jurisdicciones ya tienen o están cerca de tener leyes para la recolección de datos bajo el CARF, y se espera que otras 27 comiencen a compartir información en 2028. La acción de Colombia forma parte de esta tendencia global coordinada.
Otros países también avanzan en regulaciones similares. Por ejemplo, se espera la posible aprobación de la “CLARITY Act” en Estados Unidos para 2026. Asimismo, autoridades financieras de países como la India han expresado recientemente preocupaciones sobre el impacto de las criptomonedas en la recaudación fiscal, reflejando un espectro de respuestas regulatorias que buscan mayor supervisión.
Implicaciones y Perspectivas
Para el ecosistema de criptoactivos en Colombia, la Resolución 000240 representa un paso hacia una mayor formalización y claridad regulatoria para las plataformas que operan en el país. Sin embargo, también implica una carga significativa de cumplimiento normativo (compliance) para estos proveedores de servicios, que deberán invertir en sistemas y procesos. Este marco refuerza la integración del sector de activos digitales dentro del sistema financiero formal supervisado.
Para los usuarios y la recaudación fiscal, la resolución no crea nuevas obligaciones directas de reporte ante la DIAN para las personas naturales. El mecanismo funciona de manera indirecta: son las plataformas las que recopilan y reportan la información. Esto, en teoría, facilitará a la DIAN cruzar datos y verificar las declaraciones de los contribuyentes. El objetivo último de la norma es aumentar la transparencia y combatir la evasión fiscal en las operaciones con criptoactivos, alineando a Colombia con los estándares internacionales de cooperación tributaria.
