Corea del Sur establece nuevas reglas para la custodia de criptoactivos incautados tras incidentes de seguridad

Seúl, Corea del Sur – La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur (KNPA) ha finalizado un borrador de directrices para estandarizar la incautación y custodia de criptomonedas, incluyendo activos de privacidad. La medida responde a incidentes de pérdida y mal manejo de activos digitales bajo custodia gubernamental y se produce en paralelo a la búsqueda de un proveedor de custodia profesional, cuya selección se pretende completar a más tardar en el primer semestre de 2026.

Directrices policiales para una nueva era de evidencias digitales

El borrador de la KNPA detalla los requisitos de cumplimiento en cada etapa del proceso de incautación de criptoactivos. El documento incluye protocolos específicos para gestionar carteras de software y tokens enfocados en la privacidad, estableciendo un marco claro para un tipo de evidencia cada vez más común.

Un portavoz de la KNPA explicó a Asiae la necesidad de estos lineamientos sistemáticos, señalando un cambio de paradigma en las investigaciones.

“Ahora debemos gestionar direcciones y claves privadas, en lugar de simplemente almacenar bienes físicos”, afirmó.

La iniciativa responde directamente a “casos recientes en los que las criptomonedas incautadas se perdieron o manejaron mal mientras estaban bajo custodia gubernamental”, lo que generó un mayor escrutinio sobre las prácticas de las autoridades.

La búsqueda de un custodio profesional y los desafíos presupuestarios

Paralelamente a la redacción de las normas, la KNPA tiene como objetivo finalizar la selección de un proveedor de custodia privado en el primer semestre de 2026. Este plan enfrentó obstáculos el año pasado, con tres intentos de licitación fallidos en 2025 porque las empresas que aplicaron fueron consideradas no idóneas.

Uno de los desafíos subyacentes es la disparidad entre el valor de los activos gestionados y los recursos asignados. La policía dispone de solo 83 millones de wones (aproximadamente $55,600 USD) para manejar criptoactivos incautados. Esta cifra contrasta marcadamente con el valor total de los activos bajo su responsabilidad: 54.5 mil millones de wones (unos $36.5 millones USD) incautados en los últimos cinco años, según casos con sentencia firme.

Esta suma está compuesta predominantemente por Bitcoin (BTC), con unos 50.7 mil millones de wones, y Ether (ETH), con alrededor de 1.8 mil millones de wones. El reporte de Asiae señala que el presupuesto es bajo “a pesar de los riesgos involucrados”.

El caso que encendió las alarmas: El phishing a la fiscalía

Un incidente concreto sirvió como catalizador para aumentar el escrutinio. Aproximadamente 320 Bitcoin desaparecieron de la custodia de la Fiscalía del Distrito de Gwangju en agosto de 2025 durante una investigación. La desaparición fue descubierta durante una inspección rutinaria el 23 de enero de 2026.

Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado. El 19 de febrero de 2026, la fiscalía reportó la recuperación de los BTC después de que el hacker desconocido devolviera los fondos. Posteriormente, el 10 de marzo de 2026, la fiscalía informó que había vendido los activos y transferido unos 31.59 mil millones de wones (aproximadamente $21.5 millones USD) al tesoro nacional. Este episodio subrayó de manera crítica la urgencia de contar con protocolos de custodia robustos y ha influido directamente en la redacción de las nuevas directrices de la KNPA.

Contexto y próximos pasos

Estas medidas se enmarcan en un entorno regulatorio surcoreano en evolución, caracterizado por un aumento en la supervisión del sector cripto, como ejemplifica la reciente multa y suspensión parcial impuesta a la exchange Bithumb. Las directrices de la KNPA representan un esfuerzo por establecer orden y seguridad en la interacción del Estado con los activos digitales, particularmente cuando estos son retenidos como evidencia.

El camino a seguir para la policía incluye la finalización del borrador de directrices y la selección exitosa de un proveedor de custodia privado antes de julio de 2026. El desafío persistente será conciliar la gestión segura de activos digitales de alto valor con las limitaciones presupuestarias actualmente asignadas para esta tarea.