El «gap» fiscal de las DeFi en Europa tocará a su fin, según exfuncionario de la OCDE

El nuevo marco de reporte fiscal para criptomonedas de la Unión Europea (DAC8), que entra en vigor en 2026, excluye deliberadamente a las finanzas descentralizadas (DeFi) de sus obligaciones inmediatas. Un exfuncionario de la OCDE que trabajó en el estándar global (CARF) explica que esta exclusión es un enfoque táctico y no un descuido, centrándose primero en los intermediarios identificables. Sin embargo, advierte que esta brecha fiscal es temporal y que la presión regulatoria, junto con las normas contra el lavado de dinero (AML), acabará por cerrarla.

La nueva era del reporte fiscal de criptomonedas en Europa

El DAC8, la octava revisión de la Directiva de Cooperación Administrativa de la UE, constituye el primer marco armonizado en el bloque que exige a los proveedores de servicios de criptoactivos (exchanges centralizados y custodios) reportar información estandarizada sobre las transacciones de los usuarios a las autoridades fiscales nacionales.

Para entender su alcance es necesario distinguir entre tres instrumentos clave. El CRS (Common Reporting Standard) es el estándar tradicional de intercambio automático de información financiera, pero no cubre la actividad cripto. El CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) es el estándar creado por la OCDE específicamente para llenar ese vacío, definiendo quién reporta y qué información se intercambia. El DAC8, por su parte, es la implementación del CARF en la UE. Los estados miembros tenían como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 para adoptarlo en su legislación nacional.

Según datos de la OCDE, a 4 de diciembre de 2025, un total de 48 jurisdicciones se han comprometido a implementar el CARF con primeros intercambios de datos previstos para 2027. La cifra ascenderá a 76 jurisdicciones para 2029.

¿Por qué las DeFi quedan fuera del marco actual?

La exclusión de las finanzas descentralizadas no responde a un error, sino a una decisión estratégica. Colby Mangels, exasesor de la OCDE y actual jefe global de soluciones gubernamentales en Taxbit, lo explicó con claridad: No tiene sentido ir a tu abuela y pedirle que te dé todo el reporte fiscal sobre cripto solo porque ocurrió que trabajaste con ella durante un cierto período. Realmente tienes que ir a los intermediarios que hacen esto como un negocio.

Las autoridades fiscales, a través del CARF y el DAC8, se han centrado en los intermediarios identificables —exchanges centralizados y custodios— que operan como negocios. Son entidades fáciles de regular y con obligaciones de reporte claras.

Mangels comparó la era analógica con la era cripto para ilustrar el desafío. Si nunca le digo a mi autoridad fiscal… que estoy en Francia, y nunca les cuento sobre el dinero que gané comerciando cripto en un exchange en Singapur, no lo sabrán. No tendrán ni idea, señaló. La posibilidad de operar globalmente desde casa sin un intermediario físico o digital controlable hace que la evasión sea más sencilla sin un marco de reporte adecuado.

La intersección con las normas contra el lavado de dinero (AML)

Aunque el DAC8 y el CARF son marcos fiscales, se cruzan directamente con los desafíos en materia de lucha contra el lavado de dinero, especialmente por la falta de visibilidad transfronteriza en los mercados cripto.

La relación entre ambos ámbitos es estrecha. Un dato interesante es que el FATF está en las mismas oficinas que la OCDE, así que literalmente puedes bajar al pasillo o tomar un café con ellos, afirmó Mangels, refiriéndose al Financial Action Task Force, el organismo que fija los estándares globales AML.

El problema central en las DeFi es que no existe un operador centralizado ni una relación de custodia, lo que dificulta asignar la responsabilidad de reporte. Según el informe de junio de 2025 del FATF, 47 de 99 jurisdicciones con reglas avanzadas exigen que ciertas plataformas DeFi se registren como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). Sin embargo, solo 12 han identificado al menos una plataforma DeFi no registrada que cumple los criterios de VASP, y únicamente 4 jurisdicciones reportaron haber registrado o licenciado entidades DeFi como VASPs.

Las autoridades fiscales observan de cerca estos desarrollos AML para definir cómo y cuándo extender las obligaciones de reporte a las finanzas descentralizadas.

Monitoreo de la «migración regulatoria» y plazos

La OCDE sigue activamente si los proveedores de servicios cripto intentan reubicarse en jurisdicciones que aún no han adoptado el CARF. Una gran parte de mi trabajo en la OCDE fue rastrear a dónde se estaban reubicando los proveedores de servicios cripto, reveló Mangels.

Las jurisdicciones que se mantengan al margen de los estándares de la OCDE y el FATF enfrentarán presiones reputacionales y financieras, lo que reducirá el margen para la migración regulatoria.

La conclusión del exfuncionario es clara: Las DeFi permanecen fuera del perímetro de reporte por ahora, pero tanto la OCDE como el FATF están señalando que las brechas geográficas y estructurales serán características temporales, no exenciones permanentes.