El proyecto de ley de criptomonedas del Senado de EE. UU. corre el riesgo de no aprobarse si no supera el plazo de agosto, según NYDIG

El proyecto de ley de estructura de mercado de criptomonedas que avanza en el Senado de Estados Unidos enfrenta un riesgo significativo de no convertirse en ley si el Congreso no logra aprobarlo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026. Así lo advierte Greg Cipolaro, jefe de investigación de la firma de servicios financieros NYDIG, quien sitúa la ventana crítica para su aprobación entre junio y principios de agosto.

Plazos y fechas clave

Si bien el asesor principal de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt, mencionó la fecha del 4 de julio como un objetivo, Cipolaro matiza esa perspectiva. «Esto puede representar un punto de referencia aspiracional en lugar de un plazo legislativo fijo», señala en el informe. «Sin embargo, la ventana realista es de junio a principios de agosto».

El análisis destaca que el receso del Congreso está programado desde finales de julio hasta principios de septiembre, lo que comprime el calendario efectivo para debatir y votar la iniciativa. Superado ese período sin una decisión, el proyecto quedaría a merced de la agenda política posterior a las elecciones.

El camino hacia los 60 votos en el Senado

El proyecto de ley, que ya superó una votación en el Comité Bancario del Senado —de mayoría republicana—, avanzó al pleno de la Cámara Alta. Sin embargo, para evitar un debate prolongado (filibusterismo) y asegurar su aprobación final, necesita reunir 60 votos.

Actualmente, los republicanos controlan 53 escaños, por lo que requieren al menos siete votos de senadores demócratas. Ese apoyo no está garantizado: algunos legisladores demócratas consideran que el texto no aborda suficientemente la prevención de delitos financieros ni la evasión de sanciones mediante criptomonedas.

Escenarios post-electorales: «lame duck» o nuevo Congreso

Si la ley no se aprueba en la ventana de verano, la siguiente oportunidad sería una sesión «lame duck» —el período entre las elecciones de noviembre y la asunción del nuevo Congreso en enero de 2027—. Según Cipolaro, esa vía solo sería viable si los republicanos mantienen la mayoría en el Senado y el líder de la mayoría, John Thune, prioriza el proyecto sobre otros asuntos urgentes, como los plazos de financiación del gobierno.

«Si el proyecto pierde esa ventana, la vía restante de mayor probabilidad se convierte en una sesión ‘lame duck’ post-electoral, disponible solo si los republicanos mantienen el Senado», explica Cipolaro.

Por el contrario, si los demócratas toman el control del Senado en las elecciones, el proyecto actual —respaldado principalmente por los republicanos— tendría pocas posibilidades de avanzar en el próximo Congreso, que iniciará en enero de 2027. Los negociadores del Congreso, según Cipolaro, «se enfrentan a una disyuntiva entre aceptar un marco bipartidista imperfecto en 2026 frente a arriesgarse a un entorno legislativo sustancialmente diferente después de las elecciones de medio mandato».

Consecuencias de la aprobación o el fracaso

Si se aprueba: La ley clasificará a Bitcoin como una materia prima (commodity) bajo la jurisdicción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Para Cipolaro, esto cerraría «la última incertidumbre regulatoria importante para Bitcoin como clase de activo institucional», proporcionando la claridad legal que impulsaría la inversión institucional en criptoactivos.

Si no se aprueba: La industria cripto continuaría operando bajo una «ambigüedad jurisdiccional permanente». Las causas del fracaso podrían incluir negociaciones estancadas sobre disposiciones de ética o cumplimiento en finanzas descentralizadas (DeFi), o simplemente retrasos en la agenda legislativa.

Contexto del proyecto de ley

Considerado uno de los proyectos de ley cripto más importantes de 2026, la iniciativa define cómo los reguladores estadounidenses supervisarán las criptomonedas. Su tramitación ha estado marcada por demoras mientras legisladores y cabilderos buscaban añadir o modificar disposiciones sobre stablecoins y el uso de criptomonedas por parte de funcionarios gubernamentales.