El Solana Policy Institute y Senadores de EE.UU. Presionan por Exenciones Regulatorias para Desarrolladores de DeFi y Blockchain
El Solana Policy Institute ha instado formalmente a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. a excluir a los desarrolladores de software DeFi no custodio de las regulaciones destinadas a intermediarios financieros. En paralelo, los senadores Cynthia Lummis y Ron Wyden presentaron un proyecto de ley para proteger a los creadores de código blockchain de ser clasificados como transmisores de dinero. Estas iniciativas buscan claridad regulatoria ante el riesgo de que la incertidumbre legal desplace la innovación tecnológica fuera del país.
La Petición del Solana Policy Institute a la SEC
El instituto sin fines de lucro envió una carta a la SEC solicitando que se exima a los desarrolladores de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) no custodios de ser regulados como bolsas de valores o corredores-dealers. Su argumento central es que existe una distinción fundamental entre publicar código de software y operar una entidad financiera intermediaria.
El Argumento Central: Código vs. Intermediación
La carta sostiene que las regulaciones actuales, específicamente la definición de “exchange” o bolsa bajo la Ley 3b-16, no deben aplicarse a quienes simplemente desarrollan y publican código de contratos inteligentes de acceso abierto. El instituto afirma que esta normativa debería reservarse para los operadores que ejercen custodia y control directo sobre los activos de los usuarios y el flujo de ejecución de las transacciones.
“Las transacciones que tienen lugar a través de un protocolo de contrato inteligente no son el equivalente regulatorio de operar en una bolsa o ATS [Sistema de Trading Alternativo] y no deben tratarse como tales”, señala la misiva del Solana Policy Institute.
Propuestas Concretas de Reforma
La petición incluye tres solicitudes específicas dirigidas a la SEC. En primer lugar, emitir una guía regulatoria que diferencie claramente las herramientas de software no custodio de las entidades que funcionan como bolsas o corredores. En segundo lugar, enmendar la propia definición de “exchange” en la Ley 3b-16 para excluir explícitamente el software de código abierto. Finalmente, adoptar un marco regulatorio basado en el principio de “custodia y control”, donde la obligación regulatoria surja solo cuando una entidad tenga ese nivel de autoridad sobre los activos del usuario.
Las Consecuencias de no Actuar
El instituto advierte sobre los riesgos de no establecer esta distinción regulatoria. Argumenta que una regulación indiferenciada desalentaría la innovación en el sector tecnológico estadounidense, impulsaría la actividad financiera descentralizada hacia canales y jurisdicciones no reguladas, y resultaría en una pérdida de competitividad para Estados Unidos en el ámbito de la blockchain.
Contexto y Precedente: El Caso de los Desarrolladores
La iniciativa del Solana Policy Institute no surge en un vacío, sino en un clima de creciente preocupación por la responsabilidad legal de los desarrolladores de infraestructura blockchain.
El Fantasma de Tornado Cash
Un precedente clave que ejemplifica esta preocupación es el caso de Tornado Cash. Los co-fundadores del protocolo de privacidad, Roman Storm y Alexey Pertsev, fueron condenados por operar un negocio de transmisión de dinero sin la licencia requerida, a pesar de que Tornado Cash era un protocolo no custodio. Este veredicto ha elevado la alarma dentro de la comunidad de desarrolladores, que ve cómo la mera creación de código abierto puede acarrear graves consecuencias legales.
La Incertidumbre como Barrera
Esta falta de claridad legal se percibe como una barrera significativa para el ecosistema. La amenaza latente de persecución por escribir y mantener software de código abierto frena el desarrollo y disuade la inversión en el sector DeFi dentro de Estados Unidos, según argumentan los proponentes de estas reformas.
La Respuesta Legislativa en el Senado
De forma paralela a la petición administrativa, se ha iniciado un frente legislativo en el Congreso para abordar el mismo problema.
El “Blockchain Regulatory Certainty Act”
Los senadores Cynthia Lummis y Ron Wyden presentaron el “Blockchain Regulatory Certainty Act”. El objetivo de este proyecto de ley es aclarar que el acto de escribir software o mantener una red blockchain no debe, por sí solo, activar los requisitos de licencia y regulación aplicables a los transmisores de dinero, ya sea a nivel federal o estatal.
La senadora Lummis declaró: “Los desarrolladores de blockchain que simplemente han escrito código y mantienen infraestructura de código abierto han vivido bajo la amenaza de ser clasificados como transmisores de dinero durante demasiado tiempo”. Añadió que la ley busca darles “la certeza que necesitan para construir el ‘futuro de las finanzas digitales’ sin miedo a la persecución”.
El Panorama Legislativo Más Amplio
Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo legislativo más amplio. Otra propuesta clave, la Ley CLARITY, que busca establecer una estructura de mercado integral para las criptomonedas, también incluye disposiciones para proteger a los desarrolladores. Sin embargo, el avance de esta legislación ha encontrado obstáculos.
El Comité de Agricultura del Senado, presidido por el senador John Boozman, ha decidido retrasar el análisis y marcación de la Ley CLARITY hasta finales de enero de 2026. Según Boozman, este aplazamiento busca permitir más tiempo para lograr un apoyo bipartidista más amplio, afirmando que se ha logrado un “progreso significativo” y se mantienen “discusiones constructivas”.
Conclusión: Una Encrucijada Regulatoria
Estados Unidos se encuentra en una encrucijada regulatoria respecto a la tecnología blockchain. Por un lado, el Solana Policy Institute presiona desde el sector privado para obtener exenciones administrativas de la SEC. Por el otro, un grupo bipartidista de senadores impulsa una solución legislativa con el “Blockchain Regulatory Certainty Act”.
Ambos esfuerzos convergen en un objetivo común: lograr claridad legal para los desarrolladores que construyen infraestructura blockchain no custodia. El debate central gira en torno a cómo regular la tecnología financiera descentralizada sin sofocar la innovación doméstica ni empujar a sus creadores fuera del país.
Los próximos pasos serán cruciales. La atención se centrará en la posible respuesta de la SEC a la carta del instituto y en el avance, durante 2026, tanto del Blockchain Regulatory Certainty Act como de la más amplia Ley CLARITY en el Senado estadounidense.
