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Gibraltar propone una ley para el reconocimiento legal de las acciones tokenizadas de fondos de inversión

Angela Trenard Angela Trenard · · 4 min de lectura

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Gibraltar propone una ley para el reconocimiento legal de las acciones tokenizadas de fondos de inversión

Gibraltar ha presentado una iniciativa legislativa que otorga reconocimiento legal a las acciones de fondos tokenizadas, equiparando los derechos y obligaciones de sus titulares con los de los accionistas tradicionales. El proyecto de ley, que afecta a las Protected Cell Companies (PCC) que operan como fondos para inversores experimentados, se inscribe en una tendencia global donde gobiernos e instituciones financieras integran los activos tokenizados en sistemas financieros regulados, como ya ocurre en Suiza, Singapur, Hong Kong y Canadá.

La Enmienda 2026 y el reconocimiento legal de los tokens

El proyecto, denominado Protected Cell Companies (Amendment) Bill 2026, establece que «el titular de un share token es un accionista con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro titular de acciones de la célula». La normativa aplica exclusivamente a las Protected Cell Companies (PCC), una estructura corporativa que cuenta con un núcleo central que agrupa varias células independientes, cada una con su propio balance y activos. Este modelo se utiliza típicamente en los sectores de seguros y finanzas.

En virtud de la nueva ley, los registros de propiedad de las acciones deben mantenerse en libros de contabilidad basados en blockchain. Los tokens serán legalmente equivalentes a los certificados tradicionales, y su emisión y transferencia se realizarán mediante contratos inteligentes (smart contracts) y firmas criptográficas.

No obstante, el acceso a estos instrumentos estará limitado a inversores verificados y direcciones de billetera autorizadas (allow-listed). Las empresas estarán obligadas a revelar los riesgos tecnológicos, de ciberseguridad y los procedimientos de recuperación asociados a la infraestructura digital. Asimismo, las compañías deberán mantener el control sobre la infraestructura subyacente dentro de un entorno regulado, excluyendo cualquier operación en un mercado abierto y sin permisos.

El proyecto de ley requiere la aprobación de la Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) y deberá superar el proceso legislativo de Gibraltar antes de entrar en vigor.

De proyectos piloto a mercados regulados: el movimiento global

La iniciativa de Gibraltar no constituye un caso aislado. Gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo están integrando activos tokenizados en sus sistemas financieros regulados, siguiendo distintos ritmos y enfoques.

Suiza se erige como pionera en este ámbito. En 2021, el regulador suizo aprobó el primer fondo cripto para inversores cualificados, integrando activos tokenizados bajo la ley financiera existente. En 2025, el país amplió su marco regulatorio al licenciar la primera instalación de negociación de Tecnologías de Libro Mayor Distribuido (DLT), permitiendo la negociación y liquidación de valores tokenizados en una infraestructura regulada.

En Asia, Singapur lanzó en 2022 el Project Guardian para probar activos tokenizados en mercados mayoristas. Por su parte, Hong Kong inició en 2023 la emisión y expansión de un programa de bonos gubernamentales tokenizados que continúa vigente.

El Banco Mundial también ha incursionado en este terreno: en 2024 emitió un bono digital en francos suizos en la plataforma SIX Digital Exchange (SDX) de Suiza, con liquidación mediante una moneda digital de banco central (CBDC). Más recientemente, en marzo de 2026, Canadá finalizó un piloto que emitió y liquidó su primer bono tokenizado en una infraestructura de libro mayor distribuido.

Implicaciones y el camino por delante

La legislación de Gibraltar representa un paso hacia la claridad legal para la tokenización de valores, equiparando los derechos de los titulares de tokens con los de los accionistas tradicionales, aunque limitado al ámbito específico de las Protected Cell Companies. El proyecto de ley deberá ahora superar el proceso legislativo de Gibraltar y obtener la aprobación de la GFSC para entrar en vigor.

La iniciativa se alinea con la postura de otras jurisdicciones y organismos internacionales, como el Banco Central Europeo, que están impulsando la tokenización de activos financieros bajo estrictos salvaguardas regulatorias. Este movimiento se produce en un contexto donde la frontera entre las finanzas tradicionales y los activos digitales continúa difuminándose.

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