Japón refuerza control antilavado en transacciones inmobiliarias con criptoactivos: agencias exigen medidas AML más estrictas

El gobierno de Japón, a través de cuatro agencias regulatorias, emitió una solicitud conjunta dirigida a los sectores inmobiliario y de criptomonedas para que refuercen los controles contra el lavado de dinero (AML) en transacciones de propiedades que involucren criptoactivos. La medida responde al riesgo de que estos activos, por su capacidad de transferencia instantánea transfronteriza, sean utilizados como método de pago en operaciones inmobiliarias con fines ilícitos. La solicitud establece obligaciones de diligencia debida, presentación de informes sospechosos y notificación policial, equiparando las expectativas AML a las del sector bancario.

Contexto: la creciente preocupación regulatoria por los criptoactivos en bienes raíces

El uso de criptoactivos como medio de pago en transacciones inmobiliarias ha despertado alertas en los reguladores a nivel global. La naturaleza pseudónima, la velocidad de transferencia y la capacidad de cruzar fronteras sin intermediarios tradicionales convierten a estos activos en un vehículo potencial para el lavado de dinero.

Japón, que ha sido pionero en la regulación de criptomonedas desde el reconocimiento legal de los exchanges en 2017 y la implementación de leyes AML tempranas, intensifica ahora su enfoque hacia las transacciones del mundo real. Esta solicitud se enmarca en un proceso más amplio de actualización regulatoria que incluye la reciente reclasificación de los criptoactivos bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa.

Las agencias involucradas y el contenido de la solicitud

La solicitud conjunta fue publicada el martes por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo; la Agencia de Servicios Financieros (FSA); la Agencia Nacional de Policía; y el Ministerio de Finanzas. Los destinatarios incluyen a la Asociación Japonesa de Negocios de Criptomonedas y a las federaciones nacionales del sector inmobiliario.

“Los criptoactivos, que tienen la naturaleza de transferirse instantáneamente a través de fronteras nacionales, se consideran que representan un alto riesgo de ser utilizados como método de pago en transacciones inmobiliarias con el propósito de lavado de dinero”, señala el texto de la solicitud conjunta difundido por las autoridades.

Obligaciones específicas para agentes inmobiliarios

Los agentes y corredores inmobiliarios quedan sujetos a obligaciones reforzadas bajo la Ley de Prevención de Transferencia de Productos del Delito. En concreto, deberán:

• Realizar diligencia debida del cliente (CDD, por sus siglas en inglés) en cualquier transacción que involucre criptoactivos, verificando la identidad de las partes y el origen de los fondos.
• Presentar informes de transacciones sospechosas (STR, por sus siglas en inglés) ante los reguladores cuando detecten operaciones que pudieran estar vinculadas al lavado de dinero.
• Notificar a la policía cuando existan indicios de actividad criminal.

Las autoridades equiparan las expectativas de cumplimiento AML para el sector inmobiliario a las que rigen para las instituciones financieras tradicionales, como los bancos.

Advertencias para exchanges de criptomonedas

La solicitud también contiene advertencias específicas para los operadores de exchanges de criptoactivos. Las autoridades recuerdan que convertir criptomonedas a moneda fiduciaria por cuenta de clientes puede constituir “negocio de intercambio de criptoactivos” bajo la Ley de Servicios de Pago, actividad que requiere registro oficial y cuyo ejercicio sin autorización conlleva riesgo legal.

Los exchanges deben vigilar especialmente casos donde un cliente recibe el producto de una venta de propiedad en criptoactivos y luego intenta realizar transacciones inusualmente grandes que no coinciden con su perfil financiero. Además, bajo la Ley de Cambio y Comercio Exterior, cualquier persona que reciba criptoactivos por valor superior a 30 millones de yenes (aproximadamente 180.000 dólares) desde el extranjero debe presentar una declaración de pago ante las autoridades.

Antecedentes: Japón clasifica los criptoactivos como instrumentos financieros

A principios de este mes, Japón modificó su Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa para clasificar los criptoactivos como instrumentos financieros, un cambio legislativo de gran calado que los traslada de la categoría de pagos al mismo marco regulatorio que los valores tradicionales.

Esta reclasificación implica la prohibición del uso de información privilegiada (insider trading) y la manipulación de mercado en operaciones con criptoactivos. Asimismo, los emisores de criptoactivos quedan obligados a publicar divulgaciones anuales sobre su situación financiera y sus proyectos, y se endurecen las sanciones para los exchanges que operen sin registro.

El movimiento regulatorio se suma a otros pasos recientes del gobierno japonés. A finales de 2025, el Ejecutivo respaldó planes para fijar un impuesto plano del 20% sobre las ganancias de criptoactivos, eliminando la anterior estructura impositiva progresiva que podía alcanzar hasta el 55%.

Implicaciones y próximos pasos

La solicitud conjunta tendrá un impacto directo en el mercado inmobiliario japonés, donde las transacciones transfronterizas y aquellas que involucren criptoactivos quedarán sometidas a un escrutinio más intenso. Se espera que la medida tenga un efecto disuasorio para quienes consideraban utilizar criptomonedas en operaciones inmobiliarias con fines ilícitos.

Esta acción se enmarca en una tendencia global hacia la regulación de los criptoactivos bajo marcos financieros tradicionales, como el Reglamento MiCA en la Unión Europea o la creciente supervisión de la SEC en Estados Unidos. La coordinación interinstitucional demostrada por Japón podría servir de modelo para otros países asiáticos que enfrentan desafíos similares en la supervisión de transacciones inmobiliarias con criptoactivos.

Conclusión

Con esta solicitud conjunta, Japón consolida su enfoque regulatorio integral hacia los criptoactivos, abarcando desde su clasificación legal hasta su uso en transacciones del mundo real como las inmobiliarias. La medida demuestra una coordinación interinstitucional sin precedentes y envía un mensaje claro: los criptoactivos no quedarán fuera del marco AML tradicional que rige para el sistema financiero convencional. Se recomienda a los actores del sector, tanto inmobiliario como de criptomonedas, revisar sus procedimientos de cumplimiento para evitar sanciones ante el endurecimiento de los controles.