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La batalla por los mercados de predicción en EE. UU. se acerca a la Corte Suprema: ¿son apuestas deportivas o contratos financieros?

Arturo Trenard Arturo Trenard · · 5 min de lectura

La batalla por los mercados de predicción en EE. UU. se acerca a la Corte Suprema: ¿son apuestas deportivas o contratos financieros?

La batalla legal sobre los mercados de predicción en Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico. El 2 de abril de 2026, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó demandas contra Illinois, Connecticut y Arizona para defender su jurisdicción federal exclusiva sobre estos instrumentos financieros, mientras que gobernadores de varios estados han firmado órdenes ejecutivas para combatir el uso de información privilegiada en estas plataformas.

En el centro del debate está una pregunta fundamental: ¿son plataformas como Kalshi, Robinhood y Coinbase intercambios de derivados legítimos regulados a nivel federal, o son casas de apuestas deportivas encubiertas que operan al margen de las leyes estatales? Según datos de la firma Artemis, el 85% del volumen de operaciones en Kalshi durante marzo de 2026 provino de predicciones deportivas, un dato que alimenta las sospechas de los reguladores estatales.

La CFTC defiende su «jurisdicción exclusiva»

La CFTC, a través de su presidente Michael Selig, ha adoptado una postura firme en defensa de su autoridad regulatoria sobre los denominados «contratos de eventos». En las demandas presentadas contra los tres estados, la agencia federal argumenta que el Congreso estableció un marco nacional para los mercados de derivados de productos básicos.

«Congress long ago decided that a national framework for commodity derivatives markets was preferable to a fragmented patchwork of state regulations», declaró Selig, citado en el artículo original de Fortune.

La postura de la CFTC sostiene que los mercados de predicción constituyen contratos financieros legítimos que deben regirse por las leyes federales de valores y derivados, no por las regulaciones estatales de juego.

La resistencia estatal: «Si camina como pato, habla como pato…»

Los estados, por su parte, han respondido con contundencia. Nueva Jersey, Nevada, Illinois y Arizona argumentan que el volumen masivo de apuestas deportivas convierte a estas plataformas en casas de apuestas ilegales que violan las leyes estatales.

La jueza Jane Roth, del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, expresó una opinión reveladora durante las audiencias:

«Basic abductive reasoning tells us that if it looks like gambling, talks like gambling, and calls itself gambling, it’s gambling».

En el mismo sentido, la jueza Bridget Bade, del Noveno Circuito, señaló:

«I think I see one of these ads almost every day on my phone. It’s a lost cause. It seems like they are advertising this as sports betting».

El profesor Karl Lockhart, de la Universidad DePaul, aportó un argumento legal adicional:

«Congress doesn’t hide elephants in mouseholes. If Congress had really meant to authorize these designated contract market places to offer sports gambling products, you’d think they’d be more explicit about it».

¿Un choque de tribunales de circuito?

El camino hacia la Corte Suprema se perfila como el desenlace más probable de esta disputa. El Tercer Circuito ya falló a favor de Kalshi, determinando que Nueva Jersey no podía regular los mercados de predicción. Sin embargo, el Noveno Circuito está escuchando actualmente el caso de Nevada, y su decisión podría ser diametralmente opuesta.

Si el Noveno Circuito falla a favor de Nevada, se crearía una división entre circuitos judiciales, un escenario que tradicionalmente allana el camino para que la Corte Suprema acepte revisar el caso. La decisión del Noveno Circuito es inminente y será clave para el futuro de toda la industria.

Austin Evers, abogado del bufete Freshfields, comentó sobre la complejidad del caso:

«This is a classic case of old tools being applied to cutting edge technologies, and it’s too soon to say how courts will come out on those questions».

Gobernadores firman órdenes ejecutivas contra el uso de información privilegiada

Paralelamente al litigio sobre la naturaleza legal de los mercados de predicción, ha surgido un escándalo creciente por uso de información privilegiada que ha escalado a nivel político.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los empleados estatales utilizar información privilegiada en mercados de predicción.

«Prediction markets have rapidly grown into a space where people can bet on real-world events without any oversight», declaró Pritzker. «This opens the door to insider trading and abuse of confidential information».

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden similar al día siguiente.

«Our actions will ensure that public servants work for the people they represent, not their own personal enrichment», afirmó Hochul.

Estas órdenes ejecutivas responden a varios casos concretos de abuso que han generado alarma pública:

  • Un trader anónimo ganó más de 400.000 dólares apostando en la acción militar de Estados Unidos en Venezuela horas antes del anuncio oficial.
  • La policía francesa investiga la manipulación de equipos meteorológicos en el aeropuerto Charles de Gaulle que coincidió con apuestas sospechosas en Polymarket.
  • Un reservista de la Fuerza Aérea israelí fue acusado de filtrar datos clasificados a través de una apuesta en Polymarket sobre el momento de un ataque aéreo en Irán, obteniendo ganancias de 244.000 dólares.

El dilema regulatorio de las tecnologías emergentes

El conflicto refleja un desafío más amplio: la tecnología blockchain y la inteligencia artificial aplicadas a los mercados de predicción están superando el marco legal tradicional. Las herramientas regulatorias actuales fueron diseñadas para una era anterior a estas innovaciones.

El futuro de plataformas como Kalshi, Polymarket, Robinhood y Coinbase depende ahora de la decisión de los tribunales federales y, potencialmente, de la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, el debate continúa dividiendo a reguladores, legisladores y actores del mercado sobre si estas plataformas representan una innovación financiera legítima o una puerta abierta al juego ilegal y el abuso de información privilegiada.

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