La Comisión Europea inicia procedimiento a 12 países, incluida España, por no aplicar las normas fiscales sobre criptoactivos
La Comisión Europea ha anunciado el envío de cartas de notificación formal a doce estados miembros, entre ellos España, por no haber transpuesto completamente a su legislación nacional la directiva sobre transparencia fiscal e intercambio de información para criptoactivos. Este es el primer paso en un procedimiento de infracción que concede a los países dos meses para responder y corregir la situación.
En el mismo paquete de infracciones de enero de 2026, Hungría ha sido notificada por una posible incompatibilidad de su normativa nacional con el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA).
El foco fiscal: emplazamiento a doce estados miembros
La Comisión Europea, en su función de guardiana de los Tratados de la UE, ha iniciado acciones contra doce países por incumplir la directiva que amplía las normas de transparencia fiscal al sector de los criptoactivos.
Países involucrados y alcance de la medida
Los estados miembros que han recibido la notificación formal son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Grecia, España, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Portugal. La Comisión considera que estos países no han adoptado todas las medidas necesarias para incorporar plenamente la directiva fiscal a sus ordenamientos jurídicos nacionales.
Qué exige la directiva fiscal sobre criptoactivos
El objetivo de esta norma es adaptar el marco regulatorio fiscal de la Unión Europea para incluir los criptoactivos y, en palabras de la Comisión, “abordar eficazmente las conductas identificadas de fraude, evasión y elusión fiscal”.
El mecanismo clave de la directiva es la obligación impuesta a los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASPs) de reportar determinados datos de usuarios y transacciones a las autoridades fiscales nacionales, que luego los intercambian automáticamente con otros estados miembros. Este enfoque está alineado con el marco desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Próximos pasos y plazos del procedimiento
Los doce países notificados disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a la Comisión Europea y adoptar las medidas necesarias para cumplir con la legislación. Si no lo hacen, la Comisión “podría decidir emitir un dictamen motivado”, que constituye la segunda etapa formal del procedimiento de infracción. De persistir el incumplimiento, el caso podría eventualmente derivarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El caso paralelo: Hungría y el marco MiCA
En el mismo anuncio, la Comisión informó de una notificación formal separada dirigida a Hungría, esta vez relacionada con el cumplimiento del Reglamento MiCA.
La notificación por posible incompatibilidad
La notificación a Hungría se debe a posibles incompatibilidades entre una enmienda a la ley húngara sobre “servicios de validación de intercambio” y las disposiciones establecidas en MiCA. La Comisión señaló que esta normativa nacional ha llevado a que algunos proveedores de servicios hayan suspendido o discontinuado ciertas operaciones en el país.
El equilibrio entre la lucha contra el blanqueo y MiCA
La Comisión Europea reconoció en un comunicado que, “si bien Hungría pretende reforzar las salvaguardias contra el blanqueo de capitales (AML/CFT), dichas medidas deben seguir siendo compatibles con MiCA”. Esta declaración subraya el principio de primacía del Derecho de la UE, según el cual la legislación nacional no puede contravenir la normativa europea armonizada.
Contexto regulatorio: la carrera hacia el cumplimiento en la UE
Estas notificaciones ocurren en un momento crítico de implementación de la amplia normativa cripto de la Unión Europea.
El estado de implementación de MiCA
El Reglamento MiCA fue aprobado en 2023 y se está implementando de manera gradual. Una fecha límite clave se acerca: las empresas que ya operaban en el mercado antes de diciembre de 2024 tienen hasta el 1 de julio de 2026 para cumplir plenamente con todos los requisitos de MiCA. Algunos estados miembros han optado por acortar este período transitorio a nivel nacional.
El mosaico regulatorio y la presión de la Comisión
Las acciones emprendidas en enero de 2026 evidencian los desafíos que supone armonizar la regulación en un bloque de 27 países con sistemas jurídicos distintos. La Comisión está actuando de forma simultánea en dos frentes prioritarios: la transparencia fiscal, a través de la directiva, y la supervisión integral de los mercados, mediante MiCA.
Con estas medidas, Bruselas busca crear un entorno regulatorio claro, uniforme y seguro en toda la Unión Europea antes de que venzan los plazos clave establecidos para 2026.
