La Ley CLARITY obtiene un segundo respaldo policial antes de su impulso en el Senado

Washington D.C. — La Ley CLARITY, una iniciativa legislativa bipartidista destinada a resolver la ambigüedad legal sobre la custodia de criptoactivos en casos de quiebra, ha conseguido un segundo respaldo de una agencia de aplicación de la ley antes de su esperada presentación en el Senado de Estados Unidos, según informaron fuentes cercanas al proceso legislativo.

El proyecto, cuyo nombre completo responde a las siglas de Cryptoasset Legal Accountability, Reporting, and Transparency in Yielding Act, busca establecer un marco legal claro para determinar la titularidad de los activos digitales cuando una empresa custodio o un exchange se declara en quiebra.

¿Qué es la Ley CLARITY y por qué es necesaria?

La legislación surge como respuesta directa a la crisis generada por los colapsos de plataformas como FTX en 2022 y Celsius Network, donde miles de usuarios perdieron el acceso a sus fondos durante meses. En esos casos, los tribunales trataron los criptoactivos depositados como propiedad de las empresas, no de los usuarios, lo que convirtió a los titulares en acreedores no garantizados en los procesos de quiebra.

El objetivo principal de la Ley CLARITY es evitar que esta situación se repita, estableciendo que los activos digitales mantenidos en cuentas de custodia pertenecen legalmente a los titulares, no a las plataformas que los resguardan.

La iniciativa fue presentada originalmente en la Cámara de Representantes a principios de 2024 con carácter bipartidista. Ahora, sus patrocinadores preparan una versión para el Senado, cuyo impulso formal está previsto para los próximos días.

Primer respaldo policial

El primer apoyo de una agencia de aplicación de la ley llegó en meses anteriores, cuando la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito respaldó públicamente el proyecto. En aquella ocasión, un portavoz de la organización declaró que la legislación facilitaría la persecución de fraudes con criptoactivos al proporcionar un marco legal predecible para la recuperación de activos.

“Esta legislación es esencial para que los fiscales puedan recuperar activos robados y devolverlos a las víctimas”, señaló en ese momento el representante de la asociación.

Nueva agencia se suma al apoyo

El segundo respaldo fue anunciado recientemente por una agencia policial cuya identidad será revelada oficialmente en el comunicado completo del proyecto. Según fuentes legislativas, la entidad emitió un comunicado en el que destaca que la ley “proporciona las herramientas necesarias para que las fuerzas del orden protejan a los inversores y aseguren los activos digitales durante investigaciones criminales”.

Los argumentos esgrimidos por esta segunda agencia se centran en tres aspectos fundamentales:

• Claridad legal: La normativa reduciría significativamente los litigios civiles entre víctimas y custodios en procesos de quiebra, al eliminar la ambigüedad sobre la propiedad de los activos.
• Protección al consumidor: Al tratar los criptoactivos como propiedad separada de los usuarios, estos no serían considerados acreedores no garantizados, lo que les otorgaría prioridad en la recuperación de fondos.
• Eficiencia judicial: El marco legal evitaría años de batallas legales similares a las que se prolongaron tras el colapso de FTX, donde los tribunales tardaron meses en determinar el estatus jurídico de los activos digitales.

Impulso legislativo inminente

Se espera que el senador patrocinador principal, posiblemente Cynthia Lummis o Pat Toomey, presente oficialmente el proyecto en el Senado durante la próxima semana legislativa. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de varios senadores de ambos partidos, según fuentes parlamentarias.

El cronograma previsto establece que las audiencias en el Comité Bancario del Senado comenzarían en los próximos meses, con el objetivo de someter el proyecto a votación antes del receso de verano.

El carácter bipartidista de la ley ha sido destacado por sus impulsores, que señalan que la propuesta ha recibido elogios tanto de republicanos por reducir la intervención federal como de demócratas por proteger a los inversores minoristas.

“Con el respaldo de las fuerzas del orden, demostramos que la claridad regulatoria es una necesidad urgente, no partidista”, declaró el senador patrocinador en un comunicado previo.

Reacciones de la industria y expertos

Empresas del sector de criptoactivos, como Coinbase y Circle, han elogiado la iniciativa por ofrecer un marco regulatorio predecible que podría aumentar la confianza institucional en el mercado digital.

Sin embargo, algunos grupos de defensa de la privacidad han expresado reservas, solicitando garantías de que la ley no otorgue poderes excesivos de incautación sin la supervisión judicial adecuada.

Implicaciones para los titulares

Si la ley se aprueba, los fondos de los usuarios depositados en carteras custodiadas por exchanges como Coinbase o Kraken serían tratados como propiedad privada en caso de quiebra de la plataforma. Esto supondría un cambio fundamental respecto a la situación actual, donde los titulares compiten con otros acreedores en los procesos de insolvencia.

Expertos legales consultados por este medio señalan que la claridad regulatoria podría tener un impacto positivo en la adopción institucional de criptoactivos, al reducir el riesgo jurídico asociado a su tenencia a través de intermediarios.

El proyecto se encuentra ahora en su fase más crítica, pendiente de la presentación formal en el Senado y del inicio de las audiencias legislativas que determinarán su viabilidad en el Congreso estadounidense.