Minnesota evalúa prohibición total de cajeros de criptomonedas tras aumento de estafas
Un legislador de Minnesota ha presentado una propuesta que busca prohibir de manera absoluta los quioscos de intercambio de criptomonedas en todo el estado. La iniciativa, impulsada por la representante Erin Koegel, responde a informes policiales que señalan a estas máquinas como herramientas frecuentes para estafadores. De aprobarse, la ley revocaría la regulación actual de 2024 y eliminaría los aproximadamente 350 cajeros operados por empresas como Bitcoin Depot.
Detalles y fundamentos del proyecto de ley
La representante estatal Erin Koegel presentó el proyecto de ley House File 3642, debatido en el Comité de Comercio, Finanzas y Política de la Cámara de Representantes. El argumento central es que la tecnología de los quioscos de moneda virtual es “novedosa” y “mínimamente regulada”, lo que, según sus promotores, facilita su uso para actividades fraudulentas.
Testimonios de autoridades
Durante la discusión, Koegel afirmó que los estafadores utilizan frecuentemente estos quioscos, mientras que los traders legítimos prefieren operar a través de exchanges centralizados en línea. La legisladora subrayó uno de los principales problemas:
“Debido a la naturaleza de las criptomonedas, estas transacciones fraudulentas a menudo son irreversibles e increíblemente difíciles de rastrear”.
El sargento Jake Lanz, del Departamento de Policía de St. Cloud, respaldó esta preocupación. Lanz indicó que su departamento ha identificado el uso de estos quioscos como un problema significativo y señaló que la población de mayor edad es un blanco específico para los estafadores que operan a través de estas máquinas.
Contexto regulatorio en Minnesota y EE.UU.
La ley de 2024 y su insuficiencia
La propuesta de prohibición total surge en un contexto donde Minnesota ya cuenta con una regulación para este sector. En 2024, el estado implementó una ley que establecía un límite de depósito de 2.000 dólares para nuevos usuarios y exigía reembolsos completos a las víctimas de fraude. Sin embargo, la nueva iniciativa considera estas medidas insuficientes y plantea una prohibición absoluta como solución más efectiva.
El panorama nacional
La discusión en Minnesota se enmarca en un movimiento regulatorio más amplio en Estados Unidos. Según un informe de la American Association of Retired Persons (AARP) de febrero de 2026, al menos 17 estados ya han promulgado leyes que exigen medidas de protección contra fraudes, como límites diarios de transacción y señales de advertencia física en los quioscos. La propuesta de Minnesota, de prohibirlos por completo, representaría un enfoque regulatorio más drástico.
Respuesta de la industria y medidas voluntarias
Actualmente, en Minnesota operan con licencia aproximadamente 350 quioscos de criptomonedas, con empresas como Bitcoin Depot y Coinflip como operadoras principales.
En un movimiento independiente, Bitcoin Depot anunció que requerirá verificación de identidad (ID) para todas las transacciones en sus quioscos. La compañía declaró que la implementación escalonada de esta medida comenzó en febrero de 2026 y la justificó como una respuesta al “uso potencial indebido” de sus máquinas, sin mencionar directamente las iniciativas legislativas estatales.
Próximos pasos y repercusiones potenciales
Tramitación legislativa
El proyecto de ley HF 3642 se encuentra en sus primeras etapas del proceso legislativo. Para convertirse en ley, debe ser aprobado por el comité correspondiente, luego por la cámara de representantes estatal y finalmente por el senado de Minnesota. La representante Koegel expresó su intención de trabajar “a través de las líneas partidistas” para avanzar en la propuesta.
Posibles impactos
De ser aprobada, la prohibición total eliminaría un punto de acceso físico a las criptomonedas para algunos residentes de Minnesota. Esto plantea un debate entre la protección al consumidor frente a estafas y la restricción del acceso a una tecnología financiera. La medida pondría fin a la operación de todos los quioscos con licencia en el estado, marcando un rumbo regulatorio distintivo en la relación entre las autoridades estatales y la industria de los activos digitales.
