Rusia Avanza en Marco Legal para Criptomonedas: Licencias Obligatorias y Límites de Inversión en 2026

MOSCÚ — La Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, ha dado un paso crucial hacia la creación de un marco regulatorio integral para las criptomonedas. Este martes, aprobó en primera lectura el proyecto de ley No. 1194918-8 «Sobre la Moneda Digital y los Derechos Digitales», una pieza legislativa central que busca restringir todo el comercio de criptoactivos a plataformas reguladas y licenciadas por el estado.

La iniciativa, parte de un paquete legislativo más amplio, establece un calendario que podría ver la implementación de intermediarios autorizados a partir de julio de 2026 y la prohibición de plataformas no licenciadas desde julio de 2027. Sin embargo, en un giro paralelo, la Corte Suprema de Rusia ha considerado «prematura» una propuesta para imponer sanciones penales, argumentando que depende de una ley base aún no aprobada.

El Marco Legal: Un Mercado Bajo Licencia Estatal

La aprobación en primera lectura marca el inicio formal del proceso legislativo para este proyecto de ley. Su objetivo central es crear un sistema donde todas las operaciones con «monedas digitales» —término que la ley emplea para referirse a las criptomonedas— deban realizarse exclusivamente a través de intermediarios operadores autorizados y supervisados por el Banco de Rusia.

Junto a esta ley principal, otro proyecto hermano, el No. 1194929-8, también fue aprobado en su primera lectura, formando parte del esfuerzo por construir un entramado regulatorio completo.

El cronograma tentativo establecido por la legislación propone que los servicios de compra y venta a través de estos intermediarios autorizados podrían comenzar a operar a partir de julio de 2026. En una fase posterior, y supeditado a la aprobación final de la ley, se prohíbe totalmente la operación de plataformas de intercambio no licenciadas a partir de julio de 2027, canalizando forzosamente toda la actividad hacia el sistema regulado.

Disposiciones Clave: Protección al Inversor y Control Estatal

La ley introduce medidas estrictas dirigidas a los inversores minoristas. Se establece un límite anual de inversión de 300,000 rublos (aproximadamente 4,000 dólares) por cada intermediario autorizado con el que opere un ciudadano. Además, se impone la obligación de aprobar una prueba de aptitud o conocimiento antes de poder realizar transacciones.

Acceso Restringido a Activos

El acceso a los criptoactivos también estaría severamente restringido. Los inversores minoristas solo podrían comprar lo que la ley define como «monedas digitales más líquidas». El Banco de Rusia será el encargado de definir esta categoría, estableciendo umbrales exigentes que, según el proyecto, incluirían:

• Una capitalización de mercado promedio superior a los 5 billones de rublos (unos 66,600 millones de dólares) en los dos años previos.
• Un volumen diario de negociación promedio mayor a 1 billón de rublos (aproximadamente 13,300 millones de dólares) en el mismo período.
• Un historial de negociación de al menos cinco años.

La normativa también contempla reglas para operaciones en el exterior. Permitiría a los residentes rusos adquirir criptomonedas a través de cuentas en plataformas extranjeras, pero con la obligación de reportar dichas operaciones a las autoridades fiscales rusas. Al mismo tiempo, reafirma explícitamente la prohibición existente de utilizar criptoactivos como medio de pago dentro del país, una restricción heredada de la ley «Sobre Activos Financieros Digitales» (DFA) de 2021.

El Frenazo de la Corte Suprema a las Sanciones Penales

El paquete legislativo incluye propuestas para hacer cumplir la nueva normativa. Los proyectos de ley No. 1194944-8 y No. 1209607-8 están diseñados para establecer responsabilidades administrativas y, en el segundo caso, sanciones penales por violaciones. El proyecto No. 1209607-8 proponía imponer multas e incluso penas de prisión para quienes presten servicios de activos digitales sin la licencia correspondiente o no se registren en el Banco de Rusia.

No obstante, la Corte Suprema de Rusia ha emitido una revisión oficial en la que frena esta iniciativa de sanciones penales. El alto tribunal argumentó que la propuesta es «prematura», ya que se redacta como una disposición general que no puede aplicarse de forma aislada.

«La propuesta se redacta como una disposición general, cuya aplicación no es posible de forma aislada de las normas directamente establecidas por los actos regulatorios… Hasta que se adopte la ley federal correspondiente, la iniciativa en cuestión parece prematura.»

Esta postura subraya que la ley marco principal («Sobre la Moneda Digital…») debe estar completamente definida y aprobada antes de que se puedan establecer mecanismos de castigo penal coherentes.

Contexto y Reacciones: Un Camino por Definir

Este nuevo impulso regulatorio busca llenar el vacío legal dejado por la ley DFA de 2021. Aquella legislación, pionera en su momento, prohibió el uso de criptoactivos para pagos pero no reguló específicamente su comercio e intercambio, creando una zona gris. El paquete actual pretende crear un sistema integral que traiga toda esta actividad bajo el paraguas del estado.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de críticas. Varios participantes de la industria local han advertido que una regulación excesivamente restrictiva, como la planteada, podría ser contraproducente, empujando una parte significativa del mercado hacia la clandestinidad en lugar de formalizarlo.

La aprobación en primera lectura es solo el primer paso en el largo proceso legislativo ruso. El proyecto de ley principal y sus relacionados deberán superar varias lecturas más en la Duma, luego ser aprobados por el Consejo de la Federación (cámara alta) y finalmente ser firmados por el presidente para convertirse en ley.

El avance de esta semana establece una tensión fundamental: por un lado, el claro deseo de las autoridades de ejercer un control estricto sobre el mercado de criptoactivos, y por otro, la advertencia de la propia Corte Suprema sobre la necesidad de construir una base legal sólida y definida antes de proceder a criminalizar actividades. El camino hacia una regulación definitiva en Rusia, por tanto, aún tiene varios tramos por recorrer.