SEC no descarta incautación de Bitcoin venezolano reportado; avanza ley de claridad para criptoactivos

Paul Atkins, presidente de la Comisión, se refirió a los $60 mil millones en BTC no verificados, mientras el Senado prepara revisión clave de la normativa digital.

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), Paul Atkins, declaró que “queda por ver” si el gobierno estadounidense incautaría las supuestas tenencias de Bitcoin de Venezuela, valoradas en hasta $60 mil millones. Estas declaraciones, no verificadas por analistas, surgen tras la captura de Nicolás Maduro y en vísperas de una revisión legislativa crucial en el Senado sobre la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY), que busca definir el marco regulatorio para el sector.

Declaraciones de la SEC sobre las Reservas de Bitcoin de Venezuela

En una entrevista con Stuart Varney en Fox Business, el presidente de la SEC, Paul Atkins, fue consultado directamente sobre si Estados Unidos tomaría posesión de las reportadas reservas de Bitcoin del régimen venezolano.

Atkins respondió que la posible acción “queda por ver” y aclaró que “dejo eso a otros en la administración… no estoy involucrado en eso”

Con esta declaración, el regulador se distanció de una decisión que ubicó en el ámbito geopolítico y de seguridad nacional.

Los reportes, que han circulado tras la reciente captura de Maduro, mencionan tenencias de hasta 600,000 Bitcoin. Sin embargo, analistas de blockchain y plataformas de inteligencia especializada no han podido verificar la existencia o magnitud de dichas reservas. El régimen de Maduro tiene antecedentes en el uso de criptoactivos, habiendo lanzado en 2018 el “Petro”, una moneda digital respaldada por petróleo.

Contexto Geopolítico: La Captura de Nicolás Maduro

Las declaraciones de Atkins se producen tras la captura y traslado a Estados Unidos del ex presidente venezolano Nicolás Maduro la semana pasada, una operación ordenada por el presidente Donald Trump. Maduro enfrenta cargos criminales en cortes federales de Nueva York.

Fue tras este evento cuando surgieron con fuerza los rumores no confirmados sobre las supuestas vastas reservas de Bitcoin acumuladas por el régimen, en lo que se interpreta como un posible mecanismo para eludir sanciones financieras internacionales.

El Panorama Legislativo: La Ley CLARITY en el Senado

Paralelamente al escenario geopolítico, avanza en el Congreso estadounidense la legislación destinada a regular el mercado doméstico de criptoactivos. La Ley CLARITY, aprobada por la Cámara de Representantes en julio, se encuentra ahora en proceso de revisión en el Senado, un trámite retrasado por el cierre de gobierno de 43 días ocurrido en octubre y noviembre de 2025.

El próximo paso clave está programado para este jueves: una sesión de “markup” en el Comité Bancario del Senado para discutir y posiblemente modificar el texto.

Puntos de Controversia y Obstáculos

El debate incluye puntos de controversia, como las preocupaciones de instituciones bancarias y algunas empresas del sector cripto sobre ciertas disposiciones relacionadas con las recompensas de las stablecoins. También incluye las demandas de legisladores demócratas para incluir salvaguardias éticas más robustas y mayor claridad sobre el tratamiento de las finanzas descentralizadas (DeFi).

El proceso enfrenta obstáculos potenciales, incluidas las campañas para las elecciones de medio término de 2026 y la posibilidad de un nuevo cierre de gobierno a fines de enero. El objetivo central de borradores previos de la ley ha sido otorgar mayor autoridad regulatoria a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) sobre los activos digitales.

Conclusión: Intersección entre Geopolítica y Regulación

La incertidumbre en torno a la posible incautación de activos cripto en un conflicto internacional y el lento pero constante avance de la regulación doméstica en Washington ilustran la compleja intersección entre la geopolítica y los mercados digitales.

Eventos extremos, como la captura de un jefe de Estado, ponen a prueba el tratamiento conceptual y legal de las criptomonedas como posibles activos soberanos. El camino inmediato incluye tanto decisiones administrativas sobre el caso venezolano como debates legislativos que podrían definir el marco regulatorio de la industria criptográfica en Estados Unidos para los próximos años.