Vietnam avanza con licencias: 5 empresas compiten por operar los primeros exchanges regulados de criptomonedas

Cinco empresas vietnamitas, entre ellas afiliadas de importantes bancos privados, han superado la fase inicial de calificación para obtener las primeras licencias de intercambio de criptomonedas del país, según un documento ministerial fechado el 12 de marzo de 2026. Este movimiento es parte de una estrategia regulatoria más amplia que busca repatriar un mercado estimado en $200 mil millones y prohibir el acceso a plataformas extranjeras, en un esfuerzo por controlar los flujos de capital y establecer un marco legal y fiscal claro.

Las empresas en la carrera por las licencias

El Ministerio de Finanzas de Vietnam abrió el proceso de solicitud de licencias en enero de 2026, en el marco de una nueva ley que define las criptomonedas como una clase de propiedad, pero prohíbe expresamente su uso como moneda de curso legal o medio de pago.

Los cinco candidatos identificados

Según el documento ministerial, las cinco empresas que han pasado la ronda inicial de calificación son afiliadas de los bancos privados Techcombank, VPBank y LPBank, el corredor de bolsa VIX Securities y el conglomerado Sun Group.

En declaraciones a Reuters, representantes de VPBank y Sun Group confirmaron que sus empresas afiliadas habían presentado solicitudes para operar un exchange de criptomonedas. Cointelegraph se contactó con las cinco empresas mencionadas, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación.

El impulso regulatorio de Vietnam: De la prohibición offshore a la tributación

Las licencias son un componente central de un esfuerzo regulatorio más amplio. Las autoridades vietnamitas están redactando actualmente reglas para prohibir a los ciudadanos el uso de exchanges de criptomonedas con sede en el extranjero, como Binance, OKX y Bybit. La preocupación oficial radica en el uso creciente de criptoactivos y stablecoins, y la consiguiente fuga de capitales hacia estas plataformas.

Antecedente: El piloto fallido de 2025

Este nuevo proceso sigue a un intento regulatorio anterior que no logró atraer participantes. En septiembre de 2025, el gobierno lanzó un programa piloto de cinco años con reglas estrictas, que incluían la obligación de realizar transacciones solo en dong vietnamita, utilizar únicamente emisores locales y prohibir el uso de stablecoins respaldados en monedas fiduciarias.

El requisito de capital, estimado en unos 9 billones de dongs (aproximadamente $379 millones), resultó ser una barrera insalvable, ya que ninguna empresa presentó una solicitud.

El nuevo marco fiscal propuesto (febrero 2026)

Paralelamente al proceso de licencias, el gobierno ha estado definiendo un régimen fiscal para la actividad. En febrero de 2026, se propuso un tratamiento similar al de los valores.

Para los individuos que operen a través de proveedores de servicios licenciados, se aplicaría un impuesto del 0.1% por transacción, estando esta actividad exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para las empresas, se propone aplicar un impuesto a la renta corporativa del 20% sobre las ganancias netas derivadas del trading de criptomonedas.

Contexto: Vietnam, un gigante de la adopción cripto sin regulación local

La urgencia regulatoria contrasta con la vibrante realidad del mercado local. Según datos de la firma de análisis Chainalysis, Vietnam ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas. En los doce meses hasta junio de 2025, el volumen estimado de transacciones en el país alcanzó los $200 mil millones.

Un mercado pujante pero en la sombra

Esta alta adopción convive con una paradoja: casi la totalidad de la actividad se realiza a través de exchanges internacionales, ya que hasta ahora no ha existido una alternativa regulada localmente. Esta dependencia ha mantenido una parte significativa de la actividad económica fuera del alcance de las autoridades supervisoras.

El objetivo final de la regulación

El objetivo declarado de las nuevas reglas es triple: traer la actividad económica *onshore* para poder supervisarla y gravarla de manera efectiva, controlar la salida de capitales y mitigar los riesgos financieros asociados a las operaciones no reguladas, y finalmente, proporcionar un marco legal seguro y claro para inversores y empresas que participan en el ecosistema de activos digitales.