Virginia actualiza su ley para retener criptomonedas no reclamadas en especie durante al menos un año

El estado de Virginia ha reformado su marco legal de propiedad no reclamada para incorporar los activos digitales. La ley HB 798, firmada esta semana por la gobernadora Abigail Spanberger, obliga a que las criptomonedas no reclamadas sean transferidas al estado en su forma original y prohíbe su venta antes de un año. Además, define que una cuenta de criptoactivos se considera abandonada después de cinco años sin actividad del propietario.

Los pilares de la nueva ley de Virginia

La normativa modifica la “Disposition of Unclaimed Property Act” de Virginia, estableciendo reglas específicas para el manejo de activos virtuales. La ley entra en vigor inmediatamente tras su firma.

Transferencia en especie y prohibición de liquidación inmediata

Un aspecto central de la HB 798 es el requisito de que cualquier activo digital no reclamado sea transferido al estado “in-kind”, es decir, en su forma original de criptomoneda, y no liquidado previamente a efectivo. El texto estipula que el administrador de propiedad no reclamada “tomará posesión y custodiará” estos activos. Esta disposición busca proteger al propietario legítimo de una posible venta forzada en un momento de alta volatilidad, preservando el valor potencial del activo.

Período mínimo de retención de un año

La ley establece un período de gracia obligatorio antes de que el estado pueda disponer de los fondos. Según la normativa, “el Administrador no puede ordenar la liquidación de ningún activo virtual… antes de que hayan transcurrido al menos 365 días desde la fecha en que el activo fue reportado”. Este plazo de un año proporciona un margen amplio para que los titulares reclamen sus criptoactivos.

Definición de cuenta abandonada: el reloj de cinco años

La HB 798 introduce por primera vez en Virginia un criterio claro para determinar cuándo una cuenta de activos digitales se considera abandonada. La ley define que esto ocurre tras un período de “cinco años consecutivos de inactividad“, entendida como la ausencia de cualquier acción del propietario, como iniciar sesión o ejecutar una transacción. Este plazo para declarar el abandono es distinto al período de retención de un año.

Reacciones y contexto del sector

Apoyo de la industria: Coinbase y el lobby local

La actualización legal ha recibido comentarios positivos desde la industria. Paul Grewal, Director Legal de Coinbase, comentó en la red social X que la noticia era “buenas noticias” y destacó que “Virginia ahora requiere que la cripto no reclamada sea cedida en especie”.

Virginia ahora requiere que la cripto no reclamada sea cedida en especie.

Anteriormente, el Virginia Blockchain Council, un grupo de defensa local, había calificado el proyecto de ley como un “paso importante para modernizar las leyes financieras” del estado.

Virginia se une a una tendencia estatal

Virginia se suma a una creciente tendencia regulatoria a nivel estatal en Estados Unidos. Otros estados han aprobado legislaciones similares para integrar los criptoactivos en sus marcos de propiedad no reclamada. Por ejemplo, Arizona firmó una ley en mayo de 2025 que establece un plazo de custodia de tres años. California también ha tomado medidas en esta dirección, indicando un movimiento coordinado ante la ausencia de una regulación federal exhaustiva.

Implicaciones y perspectiva

Protección al consumidor y previsibilidad legal

La ley busca equilibrar la necesidad de que el estado custodie propiedad abandonada con la protección del valor de los activos de los ciudadanos. Al prohibir la liquidación inmediata y establecer un período de retención mínimo, la normativa pretende evitar que los propietarios pierdan sus criptomonedas en ventas forzadas a precios bajos. Paralelamente, aporta claridad a las empresas custodias, como los exchanges, al definir plazos y procedimientos específicos.

El camino de la regulación cripto a nivel estatal

La aprobación de la HB 798 en Virginia ejemplifica cómo los estados de EE.UU. están tomando la iniciativa en la creación de marcos normativos para aspectos concretos de los criptoactivos. Este enfoque incremental y pragmático contrasta con la lentitud del proceso legislativo federal, permitiendo a los estados adaptar sus leyes a la realidad de los activos digitales y establecer mejores prácticas que podrían eventualmente influir en una futura regulación nacional.