Rusia endurece la ley: Multas millonarias y hasta 5 años de cárcel para mineros de cripto no registrados

Rusia, consolidada como una de las potencias globales en minería de criptomonedas, ha dado un paso decisivo en su camino regulatorio. El Ministerio de Justicia ha publicado un proyecto de ley que busca incorporar sanciones penales severas —que incluyen multas cuantiosas, trabajos forzados y penas de prisión— para quienes operen plataformas de minería de criptoactivos sin el registro obligatorio.

Esta iniciativa, impulsada por la preocupación expresa del Ministro de Finanzas, Anton Siluanov, sobre la actividad minera ilegal, tiene un objetivo declarado: sacar a una industria multimillonaria “de las sombras” y capturar los ingresos fiscales que hasta ahora han eludido al fisco. Con esta medida, el Kremlin envía un mensaje contundente a un sector donde, según sus propias estimaciones, la mayoría opera en la informalidad.

Multas, trabajos forzados y prisión: El costo de minar en la ilegalidad

El núcleo de la propuesta, disponible en el portal regulation.gov.ru, son las enmiendas al Código Penal ruso. Las penalizaciones se gradúan según la gravedad de la infracción y los beneficios obtenidos, estableciendo un claro disuasivo.

Para minería ilegal general

La propuesta establece que operar una plataforma de minería sin el registro requerido puede acarrear una multa de hasta 1.5 millones de rublos (aproximadamente $19,000 USD) y/o una condena de hasta dos años de trabajos forzados. Este último concepto, dentro del sistema penal ruso, implica realizar labores productivas asignadas por el estado, a menudo en instalaciones especiales, con una parte del salario retenida.

Para casos con “beneficios desmesurados”

Cuando la actividad ilegal genere lo que la ley describe como “beneficios desmesurados”, las penas se agravan sustancialmente. En estos casos, se contemplan hasta cinco años de prisión, 480 horas de trabajos forzados y una multa que puede alcanzar los 2.5 millones de rublos.

Para grupos organizados

La respuesta es aún más dura cuando la minería no registrada es realizada por un “grupo organizado” que obtenga grandes beneficios. Las sanciones máximas propuestas para este escenario son multas de 2.5 millones de rublos o penas de hasta cinco años, ya sea en prisión o en régimen de trabajos forzados.

La brecha de regulación: ¿Por qué solo el 30% de los mineros está registrado?

La drástica propuesta penal no surge de la nada, sino de un diagnóstico oficial alarmante. Ivan Chebeskov, Viceministro de Finanzas, reveló a mediados de 2024 que solo alrededor del 30% de los mineros en Rusia había legalizado sus operaciones. En sus propias palabras, el objetivo de la regulación es “sacar la industria de las sombras”, un proceso que admitió estaba lejos de completarse.

Esta cifra cobra mayor dimensión al contrastarla con los datos proporcionados por el Ministro Anton Siluanov, quien indicó que a finales de octubre de 2024 había 1,364 mineros registrados. La discrepancia entre este número oficial y el volumen total estimado de actividad sugiere un mercado informal masivo, cuyas razones pueden incluir la complejidad burocrática inicial, el intento de evadir la carga fiscal o simplemente un desconocimiento de las nuevas obligaciones.

La base regulatoria: Lo que ya era obligatorio desde noviembre de 2024

Para entender el alcance de estas nuevas sanciones, es esencial recordar el marco legal sobre el que se construyen. En agosto de 2024, el presidente Vladimir Putin firmó las leyes que regulan formalmente la minería de criptoactivos, las cuales entraron en vigor el 1 de noviembre de 2024. Esa legislación estableció las reglas que ahora se pretenden defender con el Código Penal:

• Registro y fiscalización obligatorios: Todas las entidades dedicadas a la minería, incluyendo proveedores de infraestructura, deben registrarse y presentar declaraciones fiscales mensuales.
• Restricción a capital extranjero: Se prohíbe expresamente que entidades con participación extranjera realicen actividades mineras en territorio ruso.
• Facultades de control regional: El gobierno se reserva el derecho de restringir o prohibir la minería en ciertas regiones, principalmente por consideraciones de capacidad y estabilidad de la red eléctrica.

Una excepción crucial de ese marco es un decreto que permite a las personas físicas —mineros individuales cuyo consumo mensual sea inferior a 6,000 kWh— operar sin necesidad de registrarse como empresario. No obstante, incluso ellos tienen la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre la renta personal por las criptomonedas obtenidas. La nueva ley penal apunta, por tanto, a quienes superan este umbral o operan como entidades comerciales sin cumplir la ley.

Control, ingresos y soberanía: Los motivos detrás del endurecimiento

Más allá del discurso de “sacar de las sombras”, el endurecimiento penal responde a una serie de objetivos estratégicos del Estado ruso.

Objetivo fiscal y de control

El interés principal es económico. El gobierno busca capturar una parte de los ingresos generados por una industria pujante y monitorizar los flujos de capital asociados. La minería informal representa una fuga significativa de potenciales ingresos tributarios en un momento donde las finanzas estatales están bajo presión.

Estabilidad energética y soberanía

La minería a gran escala es una actividad intensiva en energía. Las facultades para restringirla regionalmente y el deseo de controlar a todos los operadores están directamente ligados a la gestión de la demanda eléctrica nacional. Existe un claro alineamiento con la política de “soberanía digital” del Kremlin, que busca dominar y regular todos los aspectos del espacio digital dentro de sus fronteras.

Impacto en la industria minera rusa

El efecto inmediato podría ser una polarización. Por un lado, se podría favorecer la concentración del sector en grandes operadores registrados que puedan asumir los costos de cumplimiento. Por otro, podría provocar la salida de mineros informales hacia jurisdicciones más permisivas o, en el mejor de los casos para las autoridades, una regularización masiva.

Críticos de la ley de 2024 ya argumentaban que no “legalizaba plenamente” el sector, sino que lo colocaba bajo un férreo control estatal. Este proyecto de enmiendas penales acentúa dramáticamente ese enfoque.

Un punto de inflexión para la minería rusa

Rusia está transitando aceleradamente de un marco regulatorio administrativo a uno con consecuencias penales severas. El mensaje a la industria es claro e inequívoco: la era de la minería informal tiene los días contados.

Este movimiento se produce, además, en un contexto geopolítico complejo, con presiones externas como las sanciones de la Unión Europea a plataformas cripto vinculadas a Rusia, lo que añade otra capa de desafío para el sector.

La pregunta crucial que queda en el aire es si la amenaza de multas millonarias y años de cárcel logrará su objetivo declarado: llevar a la luz al 70% restante de mineros que, según el gobierno, operan en la sombra. O si, por el contrario, esta medida de fuerza empujará una parte aún mayor de esta actividad hacia la clandestinidad profunda o precipitará una fuga de capitales y expertise técnico hacia otros países. 2025 se configura, sin duda, como un año decisivo para el futuro de la criptominería en Rusia.