Demanda en Misuri contra CoinFlip: el estado acusa al operador de cajeros de criptomonedas de facilitar estafas

La Fiscalía General de Misuri busca una compensación millonaria y la prohibición de operar para CoinFlip, señalando fraudes que afectan a personas mayores y veteranos. El caso se suma a la creciente regulación estatal contra los kioscos de criptomonedas en EE. UU.

El estado de Misuri presentó una demanda contra GPD Holdings, empresa que opera bajo el nombre de CoinFlip, acusando al operador de cajeros automáticos de criptomonedas de «conocer la facilitación de transacciones fraudulentas y beneficiarse de ellas», según informó la Oficina del Fiscal General de Misuri, Catherine Hanaway.

La acción legal busca una orden judicial que prohíba a CoinFlip operar en el estado, además de imponer multas civiles de hasta 1.826.000 dólares —1.000 dólares por cada violación cometida en los últimos cinco años— y otorgar restitución a los consumidores afectados.

«Facilitar transacciones fraudulentas»: las acusaciones contra CoinFlip

La Fiscalía solicita a la Corte que declare que las prácticas de CoinFlip violan la Ley de Prácticas Mercantiles de Misuri. El estado sostiene que la empresa tenía conocimiento de que sus cajeros automáticos de criptomonedas eran utilizados para defraudar a los consumidores, particularmente a personas mayores y veteranos del estado.

La investigación, que comenzó en diciembre de 2025, abarcó a varias empresas del sector, incluyendo a Bitcoin Depot, otro gran operador de cajeros de criptomonedas. La demanda establece que CoinFlip se benefició económicamente de estas transacciones fraudulentas sin tomar medidas para prevenirlas.

Entre las sanciones solicitadas se incluyen:

• Una prohibición (injunción) para operar en Misuri.
• Multas civiles que podrían alcanzar hasta 1.826.000 dólares.
• La restitución económica a los consumidores que resultaron perjudicados.

CoinFlip en números y el contexto regulatorio

Según información de su propio sitio web, CoinFlip opera 136 kioscos en Misuri y 4.229 en todo Estados Unidos. Estas máquinas permiten a los usuarios comprar y vender criptomonedas mediante transacciones en efectivo, un mecanismo que, según las autoridades, ha sido explotado por estafadores.

En los últimos meses, los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas han sido blanco de autoridades estatales y municipales en todo el país. Varias localidades han aprobado leyes y ordenanzas que restringen o prohíben directamente la operación de estos kioscos, citando su vinculación con fraudes financieros.

El caso de CoinFlip se produce tras la crisis financiera de Bitcoin Depot, uno de los operadores más grandes de Norteamérica con más de 9.000 kioscos. En un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 12 de mayo de 2025, la empresa expresó «dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento». Bitcoin Depot citó deudas legales que superaban los 20 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025 y múltiples litigios en curso. Días después, la compañía se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Texas.

Sin respuesta inmediata de CoinFlip

Cointelegraph contactó a CoinFlip para obtener comentarios sobre la demanda, pero no recibió una respuesta inmediata hasta el momento de la publicación.

El caso se encuentra en sus primeras etapas procesales. La Corte de Misuri deberá decidir sobre las peticiones presentadas por la Fiscalía General, incluyendo la solicitud de prohibición de operaciones y las sanciones económicas.

Cabe señalar que la propia CoinFlip emitió en mayo de 2025 una advertencia sobre fraudes dirigida a sus consumidores, reconociendo que los estafadores utilizan sus cajeros para engañar a las víctimas haciéndoles creer que pagan deudas falsas, ofrecen soporte técnico fraudulento u otras tácticas de ingeniería social. Esta advertencia, sin embargo, no ha impedido que el estado de Misuri proceda con la demanda.

El caso de CoinFlip se suma a una tendencia creciente de regulación estatal contra los kioscos de criptomonedas en Estados Unidos, donde las autoridades buscan proteger a los consumidores más vulnerables frente a prácticas que consideran perjudiciales.