El FATF advierte: Las stablecoins y las transferencias P2P son un vacío crítico en la lucha contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) ha identificado las transferencias peer-to-peer (P2P) de stablecoins realizadas a través de carteras de autocustodia como un punto débil fundamental para la evasión de sanciones y el lavado de activos. En un nuevo informe, el organismo mundial antilavado insta a los países a reforzar la supervisión y aplicar medidas de mitigación “proporcionadas”, destacando que el 84% del volumen ilícito en cripto ya usa stablecoins.
Un punto ciego regulatorio en el ecosistema cripto
El informe del FATF alerta sobre una vulnerabilidad específica: las transacciones P2P directas entre usuarios, que se realizan sin la participación de intermediarios regulados como exchanges, ocurren fuera del alcance de las entidades obligadas a cumplir las normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT). Esta estructura, según el organismo, “puede crear vacíos en la supervisión” de estas actividades ilícitas.
¿Por qué las transferencias P2P son una “vulnerabilidad clave”?
El riesgo reside en el mecanismo mismo de estas transacciones. Al eludir a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) regulados, las transferencias P2P escapan a los controles de conocimiento del cliente (KYC) y de monitoreo de transacciones que estas plataformas están obligadas a implementar. Esto limita severamente la capacidad de las autoridades para detectar, reportar e investigar actividades sospechosas.
El FATF reconoce una paradoja: si bien todas las transacciones son públicas y rastreables en la blockchain, la pseudonimidad de las direcciones de las carteras dificulta la atribución de dichas transacciones a individuos o entidades específicas en el mundo real, creando un “punto ciego regulatorio”.
Los datos que respaldan la preocupación
La advertencia del FATF se sustenta en cifras concretas. El organismo cita datos del informe sobre la criptoeconomía ilícita 2025 de la firma de análisis Chainalysis. Según ese reporte, las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en criptoactivos. De ese volumen, las stablecoins representaron un abrumador 84%.
El FATF utiliza estas estadísticas para enfatizar la magnitud actual del uso de estas criptomonedas estables en actividades ilícitas. No obstante, el informe de Chainalysis también aporta contexto al matizar que, a pesar de las altas cifras absolutas, la actividad ilícita global representa menos del 1% del volumen total de transacciones con criptoactivos.
El llamado a la acción: Recomendaciones del FATF
Frente a este escenario, el organismo hace un llamado directo a las jurisdicciones para que tomen medidas. La recomendación central es que los países evalúen los riesgos específicos asociados a los arreglos con stablecoins y apliquen salvaguardas.
El FATF sugiere implementar medidas de mitigación “proporcionadas”, que incluyen un monitoreo mejorado de los flujos de fondos, especialmente en los puntos donde las carteras de autocustodia interactúan con el sistema regulado, como al depositar o retirar fondos de una plataforma de intercambio (VASP). Asimismo, insta a establecer obligaciones más claras en materia de AML/CFT para todas las entidades involucradas en la emisión, distribución y red de una stablecoin.
Contexto de una supervisión en evolución
Este informe se enmarca en una tendencia de creciente atención regulatoria global sobre las stablecoins. A medida que su uso se expande más allá del trading especulativo hacia aplicaciones de pagos y finanzas cotidianas, los supervisores incrementan su escrutinio.
La publicación refleja un paso continuo en la implementación y revisión de los estándares globales del FATF para activos virtuales, adaptando sus directrices a la evolución del mercado con el fin de cerrar las brechas que podrían ser explotadas para fines ilícitos.
