Hungría revierte su ofensiva contra las criptomonedas y despenaliza el trading tras presión de la UE
El nuevo gobierno del partido Tisza eliminará las restrictivas leyes de 2025 que amenazaban con penas de prisión a inversores y exchanges, en medio de una investigación de la Comisión Europea. Hungría se prepara para despenalizar el comercio de criptomonedas, revirtiendo las estrictas restricciones introducidas el año pasado que tipificaban como delito las transacciones no autorizadas con criptoactivos, con penas de hasta ocho años de prisión.
El anuncio fue realizado por la portavoz del gobierno de Tisza, Anita Köböl, quien calificó la legislación anterior como «innecesaria» y señaló que paralizó el mercado, afectando a cientos de miles de personas. La reversión de la normativa se produce tras una investigación de la Unión Europea y la llegada al poder de un nuevo ejecutivo proeuropeo, liderado por Peter Magyar, que busca aliviar las tensiones con Bruselas y armonizar las regulaciones húngaras con las del bloque comunitario.
Un nuevo gobierno para una nueva política cripto
Fin de una era
La derrota de Viktor Orbán en las elecciones parlamentarias del 12 de abril de 2025, tras 16 años en el poder, allanó el camino para el cambio de rumbo en la política de criptoactivos. El anterior ejecutivo mantenía una relación conflictiva con la Unión Europea, lo que derivó en múltiples disputas legales y regulatorias.
El partido Tisza al mando
El nuevo gobierno, liderado por Peter Magyar y de tendencia proeuropea, busca desmantelar las políticas que generaron tensiones con Bruselas. La reversión de la ley de criptomonedas se perfila como uno de los primeros movimientos del nuevo ejecutivo para aliviar las fricciones con la UE y alinearse con el marco regulatorio común.
El marco legal que paralizó el mercado
Leyes y códigos modificados
Las restricciones provenían de un paquete legislativo aprobado en 2025 que modificó el Código Penal y la Ley VII de 2024 sobre el mercado de criptoactivos, conocida como Crypto Act. Esta normativa introducía requisitos de cumplimiento extremadamente estrictos para cualquier operación con criptomonedas.
El sistema de validación obligatorio
Desde el 1 de julio de 2025, cualquier intercambio de criptomonedas —ya fuera cripto a fiat o cripto a cripto— requería un «certificado de cumplimiento» emitido por un nuevo tipo de entidad denominada «proveedor de servicios de validación de conversión de cripto». Estos proveedores debían ser autorizados por la Autoridad de Supervisión de Actividades Reguladas de Hungría.
La función del validador consistía en verificar el origen de los activos, identificar al propietario de la billetera, evaluar el perfil del usuario y cotejar las transacciones con bases de datos externas. Las transacciones realizadas sin este certificado eran declaradas «no autorizadas» y los activos transferidos se consideraban «inválidos».
Consecuencias legales y económicas
El sistema penal establecía sanciones progresivas en función del valor de las transacciones:
- Entre 5 y 50 millones de florines (aproximadamente 16.000 a 160.000 dólares): hasta 2 años de prisión.
- Entre 50 y 500 millones de florines (aproximadamente 160.000 a 1,6 millones de dólares): hasta 5 años de prisión.
- Más de 500 millones de florines (aproximadamente 1,6 millones de dólares): hasta 8 años de prisión.
El impacto en el mercado fue inmediato y devastador. La actividad de trading de criptomonedas en Hungría se desplomó, y empresas como Revolut suspendieron sus servicios de criptoactivos en el país debido a la imposibilidad práctica de cumplir con los nuevos requisitos regulatorios.
«Una ley innecesaria»: el gobierno anuncia el fin de las penas de cárcel
Declaraciones oficiales
La portavoz del gobierno, Anita Köböl, realizó el anuncio en una rueda de prensa el jueves, en la que explicó los motivos del cambio de rumbo.
«Esta era una legislación innecesaria. Hizo imposible la operación práctica y asustó a los participantes del mercado», declaró Köböl, según recoge Cointelegraph.
La portavoz añadió que «las consecuencias penales también afectaron negativamente a varios cientos de miles de personas», en referencia a los inversores y usuarios de criptomonedas que quedaron atrapados en un marco legal imposible de cumplir.
La presión de la UE
Köböl confirmó que la normativa anterior provocó una investigación por parte de la Unión Europea para determinar si las restricciones húngaras eran compatibles con las normas del bloque. La reversión de la ley se presenta como una solución a esta disputa y busca evitar sanciones o procedimientos de infracción por parte de Bruselas.
Un futuro más abierto para las criptos en Hungría
La despenalización elimina el riesgo de prisión para traders y exchanges que operen sin el ahora obsoleto certificado de cumplimiento. Se espera que la medida reactive el mercado y devuelva la confianza a inversores y empresas que abandonaron el país tras la entrada en vigor de las restricciones.
La armonización con las normativas de la Unión Europea, como el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), será el siguiente paso lógico para el nuevo gobierno húngaro, en línea con su estrategia de acercamiento a las instituciones comunitarias.
Hungría pasa así de ser un caso de estudio de regulación extrema a un ejemplo de cómo la política y la presión supranacional pueden moldear el entorno de las criptomonedas. El giro de 180 grados, impulsado por el cambio de gobierno y la investigación de la UE, marca un nuevo capítulo para el ecosistema cripto en el país centroeuropeo.

