Maxine Waters Exige Audiencia Urgente a la SEC por su “Enfoque Permisivo” con las Criptomonedas

En 2025, la regulación de los criptoactivos en Estados Unidos se ha consolidado como uno de los frentes de batalla política más divisivos. En este clima de polarización, un nuevo movimiento ha puesto el foco directamente sobre la máxima autoridad del mercado de valores. La congresista demócrata y ex presidenta del influyente Comité de Servicios Financieros (FSC), Maxine Waters, ha elevado una demanda formal: una audiencia de supervisión con el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins.

En una carta dirigida al actual presidente republicano del FSC, French Hill, Waters argumenta que esta audiencia está “más que retrasada”. Este llamado no es un mero trámite parlamentario; es el último capítulo de un enfrentamiento profundo que definirá el rumbo de la política financiera y la asimilación de las criptomonedas en la economía estadounidense.

¿Por qué Waters Pide esta Audiencia? Los 10 Puntos Clave de su Crítica

El Comité de Servicios Financieros tiene la responsabilidad constitucional de supervisar las agencias reguladoras, incluida la SEC. En su misiva, Waters despliega una batería de argumentos para justificar la urgencia de su petición, haciendo un contundente contraste con la gestión anterior: “El presidente Gensler testificó dos veces en su primer año… no ha habido una sola audiencia con el presidente Atkins”.

De los diez puntos de preocupación que esgrime, uno destaca por su impacto directo en el ecosistema cripto. El núcleo de la crítica es la acusación de que, bajo el liderazgo de Atkins, la SEC ha “terminado o suspendido” acciones legales de gran envergadura contra actores clave de la industria, como Coinbase, Binance y el fundador de Tron, Justin Sun.

Según Waters, estas decisiones se tomaron incluso antes de que la propia Comisión las votara internamente, cuestionando los procedimientos. Más allá de los casos específicos, la congresista expresa una preocupación estructural: la posible pérdida de independencia y la politización de la agencia, así como un debilitamiento general de sus herramientas de vigilancia de mercado.

Su demanda culmina con una pregunta fundamental que, exige, Atkins debe responder: cómo pretende la SEC “disuadir el fraude y la manipulación” en este nuevo escenario.

De Gensler a Atkins: Un Viraje de 180 Grados en la SEC

Para entender la magnitud de la queja de Waters, es esencial observar el cambio radical en la filosofía de la SEC. Paul Atkins, nominado por el presidente Donald Trump y en el cargo desde abril de 2024, ha operado un giro de 180 grados respecto a la era de Gary Gensler.

Mientras Gensler era conocido por una postura estrictamente aplicadora y litigiosa, Atkins ha impulsado lo que muchos en la industria denominan un “enfoque más amigable” con las criptomonedas.

Este viraje se materializa en acciones concretas: el archivo o pausa de demandas e investigaciones heredadas, una relajación significativa en los requisitos para los fondos cotizados (ETFs) de criptomonedas, y el lanzamiento de iniciativas como “Project Crypto”, que busca un tono más colaborativo con el sector.

Esta dirección ha sido celebrada por voces dentro de la industria. Figuras como David Sacks llegaron a calificar los nombramientos en la SEC y la CFTC como un “dream team” para la regulación cripto. Sin embargo, para Waters y otros demócratas, este no es un sueño, sino una pesadilla regulatoria en ciernes.

No es la Primera Vez: El Historial de Alerta de Waters

La carta actual no es un acto aislado, sino el eslabón más reciente en una cadena constante de advertencias. La congresista por California ha construido una narrativa coherente de oposición a lo que percibe como una desregulación peligrosa.

En octubre de 2024, su indignación fue pública ante el indulto presidencial al co-fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Meses antes, en julio de 2024, en un artículo de opinión, ya había lanzado una alerta contundente: marcos legales propuestos por legisladores republicanos, como el CLARITY Act y el GENIUS Act, “abrirían las compuertas a un fraude masivo y la ruina financiera” para los inversores comunes.

Waters se ha erigido así en una de las voces demócratas más firmes contra la agenda que, a su juicio, prioriza la innovación desenfrenada sobre la protección del inversor.

Más Allá de la Audiencia: Lo que Está en Juego en 2025

La petición de Waters trasciende el mero ejercicio de supervisión y se enmarca en una batalla política cuyas consecuencias son tangibles. La regulación cripto está completamente politizada, y las próximas elecciones podrían alterar el tablero. Un dato crucial en 2025 son las probabilidades del mercado de predicción Kalshi, que otorgan a los demócratas un 75% de posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.

Este contexto electoral añade una capa estratégica al enfrentamiento. Si los demócratas ganan la Cámara, una audiencia como la exigida por Waters sería solo el primer paso hacia una supervisión mucho más estricta y un posible desmantelamiento de las políticas implementadas por Atkins.

Para la industria cripto, la postura dura de figuras demócratas influyentes es, a corto plazo, una mala noticia para quienes anhelan un marco regulatorio ligero. Sin embargo, algunos argumentan que una clarificación normativa firme, aunque estricta, podría brindar la seguridad jurídica que el sector necesita a largo plazo.

En el fondo, esta es una batalla por la narrativa: ¿debe primar la protección frente al fraude o la promoción de la innovación? ¿Es la aplicación estricta un obstáculo o un requisito para una asimilación sana?

Conclusión: Una Encrucijada Regulatoria para las Criptomonedas

La demanda de la congresista Maxine Waters ha logrado colocar el cambio de rumbo de la SEC en el centro del debate de supervisión congresional. Una eventual audiencia no versará únicamente sobre la gestión de Paul Atkins, sino sobre el modelo de regulación que Estados Unidos quiere para los criptoactivos en la próxima década.

Este episodio ejemplifica cómo una tecnología disruptiva ha escalado hasta convertirse en un tema central de la gobernanza financiera y la disputa partidista. El resultado de esta encrucijada, tejida entre letra de la ley, política electoral y mercados innovadores, definirá el panorama para inversores, empresas y la propia soberanía financiera del país en los años venideros.