Signal amenaza con abandonar Canadá por proyecto de ley que pondría fin al cifrado de extremo a extremo

La aplicación de mensajería cifrada Signal ha declarado que prefiere abandonar Canadá antes que cumplir con el proyecto de ley C-22, una propuesta legislativa que exigiría a las empresas tecnológicas implementar capacidades de vigilancia que amenazan el cifrado de extremo a extremo. Así lo afirmó Udbhav Tiwari, vicepresidente de estrategia y asuntos globales de Signal, en una entrevista publicada el jueves por el medio canadiense The Globe and Mail.

¿Qué es el proyecto de ley C-22?

Presentado en marzo de 2026 como parte de un paquete regulatorio del gobierno canadiense, el proyecto de ley C-22 exigiría a los proveedores de servicios electrónicos implementar capacidades de vigilancia técnica y retener metadatos de usuarios durante un año. El objetivo declarado de la iniciativa es ayudar a las fuerzas del orden en investigaciones relacionadas con terrorismo y explotación infantil.

El proyecto aún no es ley: debe pasar por revisión parlamentaria completa y recibir sanción real. Las audiencias del comité correspondiente iniciaron el 7 de mayo de 2026 y continúan en curso.

Signal prefiere irse antes que ceder

En declaraciones a The Globe and Mail, Tiwari fue contundente: «Preferiríamos retirarnos del país» antes que comprometer las «promesas de privacidad» hechas a los usuarios. El principal argumento de Signal es que la ley amenaza directamente el cifrado de extremo a extremo, la tecnología que garantiza que solo el emisor y el receptor puedan leer los mensajes.

“El proyecto de ley C-22 podría permitir a hackers explotar estas vulnerabilidades diseñadas en los sistemas electrónicos”, advirtió Tiwari sobre los riesgos de seguridad.

La posición de Signal ha encontrado respaldo en la oposición política. Jacob Mantle, diputado del Partido Conservador de Canadá, afirmó en X que «cada miembro del Parlamento en el país» usa Signal por sus funciones de seguridad y privacidad. Según Mantle, la ley contradice esa realidad y permitiría al gobierno leer los mensajes de todos los canadienses.

Windscribe seguiría los pasos de Signal

El proveedor de VPN Windscribe también se ha pronunciado en contra de la iniciativa. En un mensaje publicado en X, la empresa declaró: «No estaremos lejos si C-22 se aprueba». La compañía explicó que, en su estado actual, la ley exigiría a las VPN registrar datos identificativos de usuarios.

A diferencia de Signal, que no tiene sede en Canadá, Windscribe sí está establecida en el país, con su sede central en territorio canadiense. En su declaración, la empresa fue crítica con el gobierno: «Quieren destruir la esencia misma de nuestro servicio para espiar a sus propios ciudadanos».

Por su parte, Meta ha acogido ciertos aspectos del proyecto. La compañía considera que proporcionaría un «marco legal efectivo para obtener evidencia crítica y proteger la seguridad pública». Sin embargo, también expresó preocupación por partes que afectarían negativamente «la privacidad y ciberseguridad de los canadienses».

Paralelismos con la propuesta de control de chat de la UE

Críticos del proyecto han comparado la iniciativa canadiense con la controvertida propuesta de control de chat de la Unión Europea. La propuesta europea planteaba amenazas al cifrado mediante el escaneo del lado del cliente de mensajes privados. Este debate refleja la tensión global entre seguridad pública y privacidad digital.

Vulnerabilidades que podría crear la ley

Tiwari advirtió que las mismas vulnerabilidades diseñadas para vigilancia gubernamental podrían ser explotadas por ciberdelincuentes. Según el ejecutivo de Signal, los servicios de mensajería privada serían «un objetivo ideal para adversarios extranjeros», lo que aumentaría el riesgo de ataques cibernéticos a gran escala.

Lo que sigue en el proceso

Cointelegraph, el medio que reportó la noticia, contactó a Signal para obtener comentarios adicionales, aunque la información está pendiente de actualización. El proyecto de ley C-22 aún debe pasar por revisión parlamentaria completa antes de convertirse en ley.

En el plano internacional, el debate sobre regulación tecnológica continúa. El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos votó recientemente para avanzar la Ley CLARITY, una iniciativa relacionada con la regulación de criptoactivos, lo que demuestra que los gobiernos de la región buscan actualizar sus marcos legales en materia digital.