Proyecto CLARITY Act sobre criptoactivos enfrenta críticas de fuerzas policiales y organizaciones católicas en EE.UU. por posibles vacíos en lucha contra delitos

Cuatro importantes organizaciones de aplicación de la ley y una coalición de grupos católicos han expresado su oposición al proyecto de ley CLARITY Act, advirtiendo que la iniciativa legislativa podría crear vacíos de supervisión que dificulten la lucha contra actividades ilícitas como la trata de personas, el lavado de dinero y la evasión de sanciones. El proyecto, que será debatido en audiencia el próximo 17 de julio, ya fue aprobado en el Comité de Banca del Senado con oposición demócrata y críticas del sector bancario tradicional.

La CLARITY Act tiene como objetivo establecer un marco regulatorio integral para los activos digitales en Estados Unidos. Defendida por la senadora Cynthia Lummis, la iniciativa fue aprobada en el Comité de Banca del Senado en mayo de 2026 y ahora se prepara para una audiencia clave en la Cámara. El proyecto enfrenta una férrea oposición no solo de la mayoría de los demócratas, que votaron en contra, sino también de la industria bancaria, que critica que permitiría a las empresas de criptomonedas ofrecer rendimientos en stablecoins sin estar sujetas a los mismos requisitos que las instituciones financieras tradicionales.

El principal punto de controversia es la Sección 604, denominada “Ley de Certeza Regulatoria Blockchain”. Esta disposición establece que los desarrolladores no custodios, los contribuyentes de código abierto, las herramientas de autocustodia y ciertas infraestructuras de finanzas descentralizadas (DeFi) no sean clasificados automáticamente como transmisores de dinero. Según sus defensores, el propósito es proteger la innovación tecnológica responsable y evitar que se impongan cargas regulatorias excesivas a quienes simplemente escriben código.

Cuatro organizaciones de aplicación de la ley advierten sobre riesgos

El martes de esta semana, cuatro de las principales organizaciones de aplicación de la ley del país enviaron una carta al fiscal general interino Todd Blanche y al asesor de activos digitales de la Casa Blanca, Patrick Witt, expresando su preocupación por la CLARITY Act. Las firmantes son la National District Attorneys Association, la National Association of Assistant United States Attorneys, la International Association of Chiefs of Police y la National Sheriffs’ Association.

En su misiva, las organizaciones advierten que la Sección 604 podría “blindar a individuos o entidades cuyas actividades faciliten el movimiento de activos digitales”, creando vacíos de supervisión que obstaculizarían las investigaciones. Señalan que la ley dificultaría rastrear actividades ilícitas y debilitaría los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) en comparación con los estándares aplicados en las finanzas tradicionales.

“La certeza regulatoria no debería lograrse a expensas de la rendición de cuentas, la transparencia, la protección de víctimas o la seguridad pública”, escribieron los fiscales y jefes policiales.

No obstante, matizaron que no se oponen a la innovación responsable ni a quienes escriben código, sino a lo que consideran “exenciones amplias” que podrían proteger a facilitadores de actividades ilícitas.

Respuesta de los defensores del proyecto

Lindsay Fraser, directora de políticas de Blockchain Association, respondió a las críticas acusando a las organizaciones firmantes de tener una “falta de comprensión fundamental” del proyecto. “La Sección 604 hace una cosa limitada: evita que desarrolladores de software no custodios sean clasificados erróneamente como transmisores de dinero cuando no custodian activos ni controlan transacciones”, afirmó Fraser.

La ejecutiva fue tajante al rechazar las acusaciones: “No inmuniza a criminales. No limita la aplicación de sanciones. No detiene enjuiciamientos por lavado de dinero, fraude o financiamiento del terrorismo”.

Alianza contra la Trata de Personas alerta sobre derechos humanos

El mismo martes, la Alliance to End Human Trafficking (AEHT), una organización fundada por monjas católicas estadounidenses, envió una carta a los líderes del Senado, el republicano John Thune y el demócrata Chuck Schumer, para expresar su oposición al proyecto.

La AEHT sostiene que la Sección 604 crearía “exenciones amplias y ambigüedades regulatorias” que dificultarían monitorear actividades financieras ilícitas vinculadas a la trata de personas, el crimen organizado, la explotación infantil, la evasión de sanciones y otros abusos. “La prueba de cualquier sistema financiero no es simplemente si genera riqueza o innovación, sino si protege la vida y la dignidad humana”, advirtió la organización en su carta.

Defensa del proyecto desde el Senado

La senadora Cynthia Lummis, principal impulsora de la CLARITY Act, ha defendido la iniciativa con firmeza. El jueves de esta semana declaró: “La ambigüedad regulatoria no solo perjudica a los constructores. Ayuda a los criminales… La CLARITY Act cierra las brechas que explotan los malos actores”.

Días antes, el martes, la senadora había afirmado: “La CLARITY Act es clara: escribir código no es transmisión de dinero. Esa distinción importará para toda una generación de constructores”.

Implicaciones para la regulación de criptoactivos en EE.UU.

El debate en torno a la CLARITY Act refleja la tensión fundamental que existe en el ecosistema cripto entre la necesidad de fomentar la innovación tecnológica y la exigencia de mantener una supervisión financiera efectiva. El resultado de esta batalla legislativa podría establecer precedentes significativos sobre cómo se regulan las finanzas descentralizadas, las stablecoins y los desarrolladores de software en Estados Unidos.

Por ahora, el proyecto avanza hacia su audiencia del 17 de julio, donde se espera un intenso debate entre defensores y opositores. Mientras tanto, las organizaciones de aplicación de la ley y los grupos católicos han dejado claro que no cederán en su exigencia de que cualquier marco regulatorio para criptoactivos priorice la seguridad pública y la protección de los derechos humanos.